EDATV ¿Cuántos inmigrantes al año permitirá regularizar la reforma de la Ley de Extranjería?
La reforma migratoria permitirá regularizar a miles de inmigrantes ilegales, aumentando la presión sobre Canarias
La reciente reforma de la Ley de Extranjería, impulsada por el Gobierno de Pedro Sánchez, plantea un escenario preocupante para las Islas Canarias y el resto del país.
Esta modificación legislativa permitirá que más de 11.000 inmigrantes ilegales regularicen su situación cada año en el archipiélago hasta 2027.
Algo que, lejos de resolver el problema de la inmigración irregular, podría agravar la saturación de recursos públicos y la seguridad en la región.
El núcleo de esta reforma se centra en flexibilizar los mecanismos de arraigo. Otorgando así, permisos de residencia y trabajo a quienes se encuentren en situación irregular.
Aunque presentada como una medida para favorecer la integración laboral, la realidad es que este cambio abre las puertas a una mayor presión migratoria.
Regularizaciones masivas en Canarias
En Canarias, la aplicación de los arraigos familiar y social ha permitido la regularización de miles de inmigrantes ilegales.
Solo en 2022, el arraigo familiar benefició a 4.319 personas, seguido por el arraigo social con 2.780 solicitudes aprobadas.
Estas cifras, lejos de reducirse, se dispararán con la nueva normativa, lo que plantea serias dudas sobre la capacidad del sistema para absorber un flujo constante de regularizaciones.
La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, defendió la reforma alegando que "aporta mayor seguridad jurídica y garantías para los migrantes". Pero omitió los problemas estructurales que esta medida puede intensificar.
El impacto de esta política trasciende cualquier supuesto beneficio a corto plazo.
Un "arraigo de segunda oportunidad" que incentiva la irregularidad
Entre las medidas más polémicas de la reforma destaca la creación del arraigo de segunda oportunidad. Este mecanismo excluye, sin embargo, a aquellos cuya situación se haya revocado por motivos de seguridad pública.
Aunque se presenta como una medida humanitaria, lo cierto es que refuerza un mensaje equivocado: que la irregularidad puede ser un estado transitorio fácilmente subsanable.
Entre las medidas más polémicas de la reforma destaca la creación del arraigo de segunda oportunidad. Este mecanismo excluye, sin embargo, a aquellos cuya situación se haya revocado por motivos de seguridad pública. | Europapress
Además, la flexibilización del arraigo formativo plantea interrogantes sobre la viabilidad de integrar en el mercado laboral a quienes llegan sin cualificación.
Impacto económico y social
La regularización masiva de inmigrantes ilegales pone en jaque los recursos públicos y genera tensiones sociales en regiones como Canarias. Los ciudadanos llevan años denunciando la falta de atención gubernamental a sus problemas.
Mientras tanto, el Gobierno sigue priorizando políticas que favorecen la entrada de extranjeros. Mientras, las necesidades de las familias españolas enfrentan una inflación galopante y una crisis de empleo.
Una reforma desconectada de la realidad
Lejos de ser una solución, esta reforma parece responder más a los intereses de una agenda ideológica que a las necesidades reales del país.
Lejos de ser una solución, esta reforma parece responder más a los intereses de una agenda ideológica que a las necesidades reales del país. | Europapress
Las políticas de regularización masiva no atacan el problema de raíz y, por el contrario, fomentan la llegada de más inmigrantes en situación irregular.
Canarias, como puerta de entrada a Europa, merece una política migratoria seria que garantice la seguridad, la sostenibilidad y el bienestar de sus habitantes.
Mientras tanto, el Gobierno de Sánchez sigue ignorando las advertencias y promoviendo medidas que solo agravarán la situación.
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