¿Cuánto pide la Fiscalía Anticorrupción para el exalcalde socialista Rafa Ruiz?

La Fiscalía Anticorrupción ha solicitado una condena de nueve años  de prisión para Joan Gual de Torrella, expresidente de la Autoridad Portuaria de Baleares. Una condena que atiende a su presunta implicación en el caso Puertos.

Gual de Torrella enfrenta cargos por dos delitos de prevaricación, dos de fraude  a la administración y cohecho. Ambos relacionados con la adjudicación irregular  de concesiones en los puertos de Mahón  e Ibiza.

El fiscal  también ha pedido penas de cuatro años de cárcel para otros exdirectivos de la APB. Como Juan Carlos Plaza, ex director de la entidad;  Armando Parada, jefe de explotación; Fernando Berenguer, antiguo jefe del área de gestión, y Dolores Ripoll, abogada del Estado.

Todos por presunta cooperación necesaria en los delitos de prevaricación. Además, solicita tres años de prisión para el exalcalde de Ibiza, Rafa Ruiz, por prevaricación y fraude en su papel dentro del consejo de administración de la APB.

Según el escrito de acusación del fiscal Juan Carrau, los hechos ocurrieron de manera continuada entre 2015 y 2020. Durante este período, los acusados, que ocupaban altos cargos en la APB, se habrían coordinado entre sí y con particulares para manipular la adjudicación de concesiones portuarias en Ibiza y Mahón.

Así, favorecieron a ciertos de beneficiarios en detrimento de los principios de legalidad, transparencia y objetividad que deben regir las decisiones públicas. Este comportamiento no solo supuso un desvío de los procedimientos legales, sino que también provocó un perjuicio económico para la APB.

El caso más relevantes es la adjudicación al Club Náutico de Ibiza, en el que el exalcalde de la ciudad, Rafa Ruiz, también estuvo involucrado. Ruiz, quien era vocal del Consejo de Administración de la APB en el momento de los hechos, habría participado en la concesión irregular.

En junio, la jueza del Juzgado de Instrucción número 3 de Palma emitió un auto que abría la vía para juzgar a Gual de Torrella y al resto de los acusados. De este modo, marca el cierre de la fase de investigación del caso Puertos tras cuatro años de pesquisas. La investigación ha destapado una presunta red de corrupción que afectaba a la adjudicación de concesiones públicas en los puertos de las Islas Baleares.

La Fiscalía sostiene que los acusados actuaron en beneficio de particulares, ignorando los procedimientos legales establecidos. Algo que generó un daño significativo para los intereses económicos de la APB. Con la conclusión de la instrucción, el caso Puertos se dirige ahora a juicio, donde los implicados enfrentarán las acusaciones por los delitos mencionados.

"Ruiz era consciente"

La magistrada también señala que Ruiz era "consciente" de los cuestionados criterios utilizados durante la competencia de proyectos. Los cuales sirvieron únicamente como un disfraz para encubrir que la elección de la oferta ganadora, la del CNI, ya había sido decidida de antemano mediante un abuso de poder.

Incluso, fue Ruiz quien abogó explícitamente por la inclusión del criterio de "arraigo" como uno de los más importantes para la adjudicación del espacio. Según consta en el acta de la sesión del Consejo, Ruiz argumentó que "el Club Náutico de Ibiza tiene un arraigo significativo en la isla, con un fuerte componente social".

Para la jueza, Ruiz tenía pleno conocimiento de que los criterios y su priorización. Cree que ya  tenían la clara intención real de formalizar la elección previamente determinada de la oferta del CNI. Y con esto, participando consciente y dolosamente en la aprobación de una resolución arbitraria y contribuyendo así a la comisión del delito. 

Todo esto, de acuerdo con las informaciones que han sido publicadas desde el digital La Voz de Ibiza.

Un supuesto intercambio de favores

Supuestamente, Ruiz "pagó" el apoyo que Gual de Torrella estaba recibiendo del Club Náutico Ibiza. Esto, con su voto a favor de la propuesta del puerto de Maó. La que también es investigada en la causa.

Este caso se centra en la adjudicación de los amarres del puerto de Maó. Esto, a través de un concurso público adjudicado en mayo de 2018 a la empresa Marina Asmen. La que se benefició de la adjudicación del taller y de la explotación de 154 amarres.

La investigación de la jueza ha descartado que la implicación de Rafa Ruiz en la trama tuviera un fin lucrativo. El objetivo, supuestamente, era meramente electora. Ya que, según la instrucción, el millar de socios de la entidad representaba una importante bolsa de votos que podría traducirse en un concejal en las siguientes elecciones.