¿Cuál ha sido la respuesta de España tras las acusaciones de espionaje contra Maduro?

La detención de dos ciudadanos españoles en Venezuela ha intensificado la crisis diplomática entre Madrid y Caracas.

José María Basoa Valdovinos, de 35 años, y Andrés Martínez Adasme, de 32 años. Ambos fueron arrestados por el régimen de Nicolás Maduro bajo acusaciones de espionaje y conspiración para asesinar al presidente venezolano.

Las tensiones se han visto exacerbadas por las declaraciones de Diosdado Cabello, número dos del gobierno chavista. Además de las respuestas internacionales que reflejan una creciente preocupación por la situación en Venezuela.

La Embajada de España en Caracas ha solicitado acceso a los detenidos para verificar su situación y proporcionarles asistencia. Por otro lado, la comunidad internacional observa con cautela los acontecimientos.

Detención y Acusaciones

José María Basoa Valdovinos y Andrés Martínez Adasme fueron arrestados en las cercanías del aeropuerto de Puerto Ayacucho el 2 de septiembre.

Diosdado Cabello ha acusado a los españoles de ser agentes del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) de España, y de estar involucrados en un plan para asesinar a Nicolás Maduro.

Según Cabello, los detenidos estaban en contacto con María Teresa Clavijo, una dirigente de Vente Venezuela. Entre sus objetivos, estaban los de encontrar explosivos para llevar a cabo actos violentos.

Cabello también ha afirmado que la CIA y el CNI están detrás de una "operación de desestabilización" en Venezuela. Que además, supuestamente incluye la búsqueda de mercenarios para ejecutar varios objetivos en el país.

En su intervención, Cabello mostró imágenes de los detenidos y destacó que estaban realizando actividades sospechosas. Las acusaciones incluyen planes para la compra de explosivos y la planificación de ataques. Así como vínculos con la oposición venezolana liderada por María Corina Machado.

Las familias de Basoa y Martínez Adasme han desmentido las acusaciones. Según su versión, ambos españoles estaban de vacaciones y fueron vistos por última vez en Inírida, Colombia, antes de dirigirse a Puerto Ayacucho.

En una conversación revelada por el diario El Mundo, el padre de Andrés Martínez negó que su hijo trabajara para el CNI. El 9 de septiembre, las familias denunciaron la desaparición de los detenidos en redes sociales. Ahí señalaban que no habían tenido contacto con ellos desde una llamada telefónica esa mañana.

El Ministerio de Asuntos Exteriores español ha actuado rápidamente para aclarar la situación. La Embajada de España en Caracas ha enviado una nota verbal al gobierno venezolano. En ella, solicitan acceso a los detenidos para verificar sus identidades y las acusaciones en su contra.

Además, el Ministerio ha asegurado que la Embajada velará por la protección y los derechos de los ciudadanos españoles detenidos en Venezuela. Reiterando su compromiso de brindar toda la asistencia necesaria.

Repercusiones Diplomáticas e Internacionales

La detención de los españoles ha desencadenado una serie de reacciones a nivel internacional y ha agravado las ya tensas relaciones entre España y Venezuela.

El viernes pasado, la canciller venezolana, Yván Gil, acusó a España de injerencia y llamó a consultas a la embajadora venezolana en Madrid, Gladys Gutiérrez, quien ha regresado a Venezuela. Gil advirtió que Venezuela tomaría "las medidas necesarias" en respuesta a las acciones de España.

Esta crisis diplomática se ha visto agravada por las recientes declaraciones de la ministra de Defensa española, Margarita Robles.

Robles calificó al gobierno de Nicolás Maduro de dictadura durante la presentación del libro El niño que perdió la guerra de Julia Navarro.

La acusación de Robles ha sido interpretada como una provocación por parte del régimen chavista. En los días previos ya había mostrado descontento con el reconocimiento de Edmundo González Urrutia como presidente electo de Venezuela por parte del Congreso español.

El conflicto ha escalado aún más desde las elecciones presidenciales del 28 de julio. Edmundo González Urrutia, con 7,3 millones de votos, venció al presidente Maduro, con 3,3 millones. La oposición ha denunciado fraude electoral, y Maduro ha reaccionado con represalias contra la oposición y contra los que considera opositores.

La situación ha llevado a Maduro a ordenar la caza de González Urrutia y María Corina Machado. Así como otros políticos de la oposición, lo que ha exacerbado la crisis política y diplomática en el país.

Por su parte, Estados Unidos también ha intervenido en la crisis, negando cualquier implicación en un complot para derrocar al gobierno de Maduro.

Un portavoz del Departamento de Estado ha calificado de "categorícamente falsa" cualquier afirmación de participación estadounidense en la crisis venezolana. Además, ha reafirmado el compromiso de Washington con una solución democrática para Venezuela.

La comunidad internacional continúa observando de cerca la evolución de los eventos. Mientras, España y Venezuela se enfrentan en un escenario de creciente tensión diplomática y política.