La Fiscalía acusa a la UCO de excederse en sus competencias al atribuir al fiscal general una "participación preeminente" en la filtración. El informe de la UCO, clave en la investigación del Tribunal Supremo, señala el rol del fiscal general en un presunto pacto de fraude fiscal.
Alberto González Amador, pareja de Ayuso, denunció el uso indebido de su correo, involucrando a altos cargos de la Fiscalía en el caso. El material incautado en el despacho de Pilar Rodríguez, fiscal de Madrid, es central en el informe que desató el enfrentamiento.
El Supremo levantó el secreto del sumario, revelando acusaciones que la Fiscalía considera basadas en "inferencias" sin pruebas claras. Según la UCO, la Fiscalía habría filtrado a la prensa el caso de González antes de que el propio afectado conociera la denuncia.
La Fiscalía critican que la Guardia Civil atribuya conclusiones que, según ellos, corresponden exclusivamente a un juez. El informe apunta a una primera filtración en elDiario.es, desvelando la existencia de una investigación antes de ser notificada.
Además, la Fiscalía sostiene que la denuncia ya era conocida por Hacienda y otros organismos, minimizando la gravedad de las filtraciones. Se destaca que la obligación de los fiscales es informar a sus superiores, lo que habría motivado el envío de ciertos correos.
