Críticas cruzadas entre la Fiscalía y la UCO en el caso de Álvaro García Ortiz
El Supremo levantó el secreto del sumario, revelando acusaciones que la Fiscalía considera basadas en "inferencias"
La Fiscalía acusa a la UCO de excederse en sus competencias al atribuir al fiscal general una "participación preeminente" en la filtración. El informe de la UCO, clave en la investigación del Tribunal Supremo, señala el rol del fiscal general en un presunto pacto de fraude fiscal.
Alberto González Amador, pareja de Ayuso, denunció el uso indebido de su correo, involucrando a altos cargos de la Fiscalía en el caso. El material incautado en el despacho de Pilar Rodríguez, fiscal de Madrid, es central en el informe que desató el enfrentamiento.
El Supremo levantó el secreto del sumario, revelando acusaciones que la Fiscalía considera basadas en "inferencias" sin pruebas claras. Según la UCO, la Fiscalía habría filtrado a la prensa el caso de González antes de que el propio afectado conociera la denuncia.
La Fiscalía critican que la Guardia Civil atribuya conclusiones que, según ellos, corresponden exclusivamente a un juez. El informe apunta a una primera filtración en elDiario.es, desvelando la existencia de una investigación antes de ser notificada.
Además, la Fiscalía sostiene que la denuncia ya era conocida por Hacienda y otros organismos, minimizando la gravedad de las filtraciones. Se destaca que la obligación de los fiscales es informar a sus superiores, lo que habría motivado el envío de ciertos correos.
El papel de la prensa ha generado controversia, con publicaciones como La Sexta y la SER divulgando información clave del caso. La UCO acusa a la Fiscalía General de una filtración "intencionada", lo que pone en jaque la credibilidad de ambos organismos.
Para la Fiscalía, hacer pública una denuncia relevante no constituye delito, y señalan intereses políticos tras las acusaciones. Según la falta de pruebas directas en el informe de la UCO, es uno de los puntos más cuestionados por los defensores del fiscal general.
Este enfrentamiento evidencia una crisis institucional entre el cuerpo policial y la Fiscalía, con impacto mediático y político. El caso de Álvaro García Ortiz no solo pone bajo escrutinio la ética de la Fiscalía, sino también los límites de las investigaciones.
Las filtraciones a medios señalan un intento de influir en la opinión pública, desviando la atención de la falta de pruebas claras. La batalla entre instituciones refleja una pugna por el control narrativo y la legitimidad en un caso de alto interés público.
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