Los contratos que están siendo analizados en la investigación judicial sobre el entorno de José Luis Rodríguez Zapatero dibujan un modelo aparentemente sencillo: informes mensuales, asesoramiento continuado, una tarifa fija de 5.000 euros y amplias cláusulas de confidencialidad. Sin embargo, el contenido concreto de los servicios quedaba definido en términos extraordinariamente abiertos.
Los documentos de Análisis Relevante SL, sociedad administrada por Julio Martínez Martínez, incluían la elaboración mensual de análisis sobre la situación política, económica y social internacional, con especial atención a España y Latinoamérica. A ello se sumaba asesoramiento sobre organismos internacionales, preparación de discursos, presentaciones, seminarios e incluso "cualesquiera otros servicios" relacionados con la actividad de la consultora.
Los informes que hacía Zapatero y los contratos con Análisis Relevantes
La fórmula permitía abarcar prácticamente cualquier trabajo. Los contratos tenían habitualmente una duración de doce meses y contemplaban su continuidad si ninguna de las partes se oponía. Además, Análisis Relevante asumía estrictos compromisos de confidencialidad sobre la información recibida de sus clientes.
Precisamente la naturaleza real de esos trabajos está ahora bajo la lupa del Juzgado Central de Instrucción número 4 de la Audiencia Nacional. Los investigadores tratan de determinar si los contratos respondían a servicios efectivos o si pudieron utilizarse para dar cobertura documental a pagos vinculados a las supuestas gestiones de Zapatero ante diferentes administraciones.
Las supuestas tareas de diseño y maquetación correspondían a Whathefav SL
La empresa de las hijas de Zapatero
Parte de los informes terminaban además pasando por Whathefav SL, la agencia de Laura y Alba Rodríguez Espinosa, hijas del expresidente, encargada de labores de diseño y maquetación.
El foco se ha intensificado después de que antiguos responsables de Plus Ultra declararan ante el juez que se pactó una comisión equivalente al 1% del rescate de 53 millones de euros por las supuestas gestiones para conseguir la ayuda pública. Zapatero, por su parte, ha negado ante el magistrado haber influido en la concesión del rescate.
La Audiencia Nacional deberá determinar ahora qué servicios existieron realmente detrás de unos contratos que, sobre el papel, permitían facturar por un abanico de trabajos difícil de delimitar.
