Aragón tiene plena legitimidad para interponer un Recurso de Inconstitucionalidad contra la Ley Orgánica de Amnistía. Y es que dicha ley trata de borrar las consecuencias jurídicas derivadas de las actuaciones contrarias a la configuración constitucional del Estado.
Así lo establece el dictamen elaborado por el Consejo Consultivo de Aragón. Cuyas conclusiones han trasladado en sala de prensa el vicepresidente primero y coordinador del Grupo de Trabajo que prepara el Recurso de Inconstitucionalidad, Alejandro Nolasco; y la vicepresidenta segunda y portavoz del Gobierno, Mar Vaquero.
Nolasco ha transmitido que, según el dictamen, "los delitos que se pretenden amnistiar afectan a España en su conjunto como Estado". "Un Estado del que las Comunidades autónomas forman parte, por lo que Aragón, al ser una de las comunidades autónomas afectadas, tiene todas las razones fundadas para presentar este recurso. Hay razones de peso, tanto históricas, económicas, sociales y culturales para que el Gobierno de Aragón defienda la igualdad entre todos los españoles", ha incidido.
En el preámbulo de la Ley Orgánica de Amnistía, se admite que es una ley que “exime de responsabilidad únicamente a las personas que cometieron ciertos hechos en un periodo de tiempo concreto”. Algo que ha calificado como "una situación de arbitrariedad que vulnera el mismo trato ante la justicia que merecen todos los españoles".
El vicepresidente primero ha analizado, en base al dictamen, que “la amnistía ha sido una exigencia de grupos políticos independentistas para otorgar sus votos en la investidura parlamentaria del presidente del Gobierno”. "Es decir, la causa eficiente de la ley no es ni la pacificación social, ni la justicia, ni el asentamiento de la democracia, ni la reconducción de las aspiraciones secesionistas dentro de la legalidad constitucional… simplemente es la contrapartida exigida por los votos que permiten el acceso al poder”, ha sintetizado.
Otro argumento del dictamen es que “ante unos mismos hechos tipificados como delitos o infracciones administrativas, hay quienes sí asumen las responsabilidades penales, administrativas y contables que establece la ley; y hay otros que quedan exentos dichas responsabilidades". Una circunstancia que Nolasco ha analizado como "un trato diferenciado entre ciudadanos que afecta al principio de seguridad jurídica".
