Se concluyó que tanto Montero como su equipo llevaron a cabo un "despido improcedente"
Irene Montero no está atravesando por una buena racha. El Tribunal Supremo ha dictaminado que el Ministerio de Igualdad y la Abogacía del Estado deben hacerse cargo de gastos legales.
Hace referencia al proceso derivado de impugnar la resolución que ordenaba la readmisión de una empleada del Instituto de las Mujeres. Cabe destacar que esto ocurrió con Irene Montero (Podemos) como titular del ministerio.
Tal y como explica Okdiario, ocurrió en noviembre de 2022. El equipo de Irene Montero decidió terminar la relación laboral con la mujer mencionada. Supuestamente, esta trabajadora había formado parte del equipo del ministerio desde noviembre de 2017 mediante un "contrato de colaboración social.
Según explica, dicho contrato fue prorrogado en varias ocasiones. La última extensión desde el 1 de noviembre de 2021 hasta el 31 de octubre de 2022.
Se encargaba de la tramitación de contratos menores, así como de la gestión y procesamiento de la facturación electrónica correspondiente a contratos centralizados de terceros.
Debido a la decisión de dejarla sin trabajo, se concluyó que tanto Montero como su equipo llevaron a cabo un "despido improcedente".
En el caso examinado, el servicio especificado en el contrato carecía de autonomía propia, la relación laboral se extendió por cinco años. Esto descarta su carácter temporal, y las tareas desempeñadas correspondían a la actividad habitual y permanente del empleador, el Instituto de las Mujeres.
La Administración presentó un recurso ante el Tribunal Supremo solicitando la unificación de doctrina, argumentando que "la relación no es de carácter laboral".
Tal y como explicó EDATV, la Asociación de Ciudadanos Europeos Contra la Corrupción (AECC) ha interpuesto una denuncia por delito de odio. Lo ha hecho contra la eurodiputada Irene Montero debido a sus comentarios en los que afirmó que "todos los hombres son violadores en potencia".
La representante de Unidas Podemos, apoyó la declaración de la activista Júlia Salander. También expresó que "los agresores machistas no son una excepción o una rareza sino más bien 'los hijos sanos del patriarcado'". Así lo hizo saber a través de su red social X, anteriormente conocida como Twitter el pasado mes de agosto.
La denuncia fue presentada ante el Tribunal Supremo. La asociación argumenta que estas declaraciones son "impropias de una exministra de Igualdad".
Son, más bien, "propensas a la discriminación y a fomentar el odio entre mujeres y hombres". De esta manera, se genera "una creciente polarización en nuestra sociedad e incluso violencia".
La denuncia alega que los comentarios de Montero, que han tenido amplia difusión, podrían encajar en los delitos de discriminación y odio. Esto según los artículos 18, 22.4 y 510.1 del Código Penal.
