EDATV Concejala de San Javier multada con 17.000 euros por construir una vivienda ilegal
La edil ignoró las órdenes para detener la construcción ilegal, que ahora deberá demoler además de pagar la multa
La concejala del partido PLEAMAR, Sandra María Martínez, en San Javier (Murcia), ha sido sancionada con 17.500 euros de multa por una infracción urbanística grave.
Dicha infracción se debe a la construcción ilegal de una vivienda en la pedanía de Pozo Aledo. Además de la sanción económica, la edil está obligada a demoler la construcción para restaurar el orden urbanístico.
El caso, que se remonta a noviembre de 2016, pone de manifiesto la falta de cumplimiento de las normativas por parte de Martínez. Que en su momento fue advertida por las autoridades municipales sobre la ilegalidad de las obras.
El expediente abierto incluye dos procedimientos: uno sancionador, por el cual se ordenó la suspensión inmediata de las obras, y otro de restablecimiento urbanístico que establece la demolición de la vivienda. | Redes sociales
A pesar de esta advertencia, las obras continuaron hasta casi su finalización. En su defensa, Martínez, que en aquel momento no ocupaba el cargo de concejala, alega que había comunicado que realizaría obras de restauración. Pero estas derivaron en la construcción de una vivienda completa, lo cual los técnicos municipales consideraron como ilegal.
A lo largo de los últimos ocho años, la concejala ha recurrido varias veces las decisiones administrativas que ordenaban la paralización de las obras. Sin embargo, todas las instancias locales han fallado en su contra.
El expediente abierto incluye dos procedimientos: uno sancionador, por el cual se ordenó la suspensión inmediata de las obras, y otro de restablecimiento urbanístico que establece la demolición de la vivienda.
Lo más criticable de este caso es la aparente desobediencia reiterada de Martínez frente a las órdenes municipales. Hechos que evidencian una actitud de desafío hacia las normativas que debería respetar como ciudadana y, más aún, como representante pública.
A pesar de haber agotado todos los recursos administrativos posibles ante el Ayuntamiento, la concejala ha afirmado que recurrirá al contencioso administrativo. Martínez asegura no estar de acuerdo con la resolución actual. Además, ha señalado que tiene hasta noviembre para llevar este asunto ante los tribunales.
Este tipo de situaciones genera desconfianza en los ciudadanos. Una representante pública que no respeta las normas urbanísticas mina la credibilidad y la confianza en las instituciones.
Es preocupante que una figura política se vea envuelta en este tipo de conflictos, ya que se espera que quienes ocupan cargos actúen con integridad.
Es preocupante que una figura política se vea envuelta en este tipo de conflictos, ya que se espera que quienes ocupan cargos actúen con integridad. | Redes sociales
El hecho de que una concejala ignore las advertencias de su propio Ayuntamiento durante tantos años es un síntoma de una actitud problemática. Especialmente en un tema tan delicado como el urbanismo, que afecta directamente al entorno y la calidad de vida de la comunidad.
Este caso también pone en evidencia la necesidad de mayor vigilancia y control sobre las actuaciones de los cargos públicos, para evitar que puedan eludir las normativas sin enfrentar consecuencias inmediatas.
A medida que el proceso avance y Martínez presente su recurso, será crucial seguir de cerca el resultado. De este modo se podrá determinar si finalmente se cumple la ley, o se prolongará aún más un conflicto con casi una década sin resolverse.
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