EDATV Una concejal del PSOE en Cádiz procesada por fraude electoral
La trama se remonta a 2019 cuando la concejal actuaba también como teniente alcalde de Personal
Un puesto en el Ayuntamiento de Arcos de la Frontera.
Ese fue el precio del voto de toda una familia en las elecciones municipales de 2019. Así lo ha desvelado un auto judicial al que tuvo acceso ABC.
La trama señalada por el juez se remonta a la campaña de 2019. María José González Peña, concejal del PSOE y vicesecretaria general en la localidad, ejercía entonces como teniente de alcalde de Personal. Desde ese cargo, tenía influencia directa en los procesos de contratación en el Consistorio.
El auto describe cómo la beneficiaria, Manuela F. N., recibió una oferta concreta: un contrato como funcionaria interina a cambio de que ella, su marido, su madre y sus hermanas votaran al PSOE.
La condición
La condición incluía también a familiares y allegados. El acuerdo lo transmitió Luciano Muñoz Castaño, asesor de González Peña y jefe de la Policía Local. El plan se ejecutó pocos días antes de los comicios del 26 de mayo de 2019.
La plaza era de oficial de Inspección, incluida en la Oferta de Empleo Público de 2018. El concurso-oposición fue manipulado.
La concejal socialista procesada | Redes sociales
El cuestionario tipo test lo había preparado la propia candidata. Además, conocía de antemano el caso práctico. El proceso quedó diseñado a su medida.
El juez Eduardo Vaquero Llevot, instructor de la causa en el Tribunal de Instancia número 2 de Arcos. Considera probada la existencia de un procedimiento “teledirigido”.
El 2 de septiembre dictó auto. Dio por cerrada la investigación y transformó las diligencias en procedimiento abreviado. Se trata del paso previo a la apertura de juicio oral.
Cuatro personas están procesadas. En primer lugar, María José González Peña, actual concejal socialista y número dos del partido en Arcos.
En segundo, su asesor, Luciano Muñoz Castaño. También figura Ricardo F. V., presidente del tribunal del concurso.
Por último, la propia adjudicataria, que decidió colaborar con la justicia y reconoció los hechos.
El magistrado aprecia indicios de prevaricación y revelación de secretos. No descarta que puedan añadirse otros delitos durante la vista.
El relato judicial otorga a González Peña un papel central. Según el instructor, la edil “prevaleciéndose de la posición que ostentaba”, urdió junto a su asesor un plan. Todo para asegurar que la candidata lograra la plaza.
La motivación era clara: obtener votos para su partido.
El resultado fue favorable al PSOE. La formación revalidó su mandato en el Ayuntamiento tras los comicios de 2019 y lo mantuvo hasta las elecciones municipales de 2023.
La operación, según la investigación, tuvo como epicentro la Delegación de Personal y Hacienda. Desde allí se diseñó un proceso que vulneraba las reglas básicas de igualdad en el acceso al empleo público.
La beneficiaria del puesto, lejos de ocultar lo ocurrido, confesó desde el inicio. Tiró de la manta y admitió cómo se había fraguado el trato. Esa colaboración ha permitido que el caso avance con rapidez hacia el juicio.
El procedimiento abreviado ahora abierto pone en la diana a la número dos del PSOE en Arcos. La acusación sostiene que se usó un puesto público como moneda de cambio para captar votos. El caso, destapado por ABC, revela cómo el poder local socialista vuelve a corromper un proceso selectivo para fines electorales.
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