La ofensiva judicial de la Puerta del Sol llega en un contexto de creciente tensión por el deterioro del servicio de Cercanías Madrid
La batalla política entre la Comunidad de Madrid y el Ministerio de Transportes ha dado un nuevo paso judicial. El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso ha decidido llevar al ministro Óscar Puente ante la Audiencia Nacional por no convocar la Conferencia Sectorial de Transportes desde hace más de tres años, pese a que este órgano de coordinación entre administraciones debería reunirse de forma semestral.
El Ejecutivo madrileño presentará un recurso contencioso-administrativo después de que el Ministerio ignorara el requerimiento formal enviado por la Consejería de Transportes para exigir la convocatoria de dicha reunión. El plazo concedido por la Comunidad expiró a medianoche sin respuesta por parte del departamento dirigido por Puente.
La ofensiva judicial de la Puerta del Sol llega en un contexto de creciente tensión por el deterioro del servicio de Cercanías Madrid, convertido en uno de los principales focos de enfrentamiento entre Isabel Díaz Ayuso y el Gobierno de Pedro Sánchez. Desde la Comunidad aseguran que las incidencias ferroviarias han aumentado un 58% respecto a 2025 y acumulan un incremento del 230% desde 2019.
Fuentes del Ejecutivo regional consideran que la falta de reuniones evidencia una “parálisis” del Ministerio en materia de coordinación territorial y denuncian que el Gobierno central está “despreciando” las necesidades de movilidad de millones de madrileños. Además, sostienen que la ausencia de diálogo institucional impide abordar inversiones urgentes, incidencias diarias y mejoras en la red ferroviaria.
Desde el Consorcio Regional de Transportes llevan meses reclamando una reunión formal con el Ministerio para analizar el colapso recurrente de Cercanías y coordinar actuaciones entre administraciones. Sin embargo, aseguran que todas las peticiones han sido ignoradas.
La Comunidad interpreta el silencio del Ministerio como una negativa deliberada a colaborar con Madrid en uno de los momentos más delicados para la movilidad de la región. La decisión de acudir a la Audiencia Nacional supone, además, un nuevo frente político y judicial entre Ayuso y el Ejecutivo central.
El conflicto se produce en medio de las continuas críticas de la presidenta madrileña a la gestión de Óscar Puente, a quien acusa de priorizar el enfrentamiento político antes que la solución de los problemas reales del transporte público en Madrid.
