El juez Ercolini rechazó el pedido de Fernández de estar presente en la declaración testimonial para cuidar a Fabiola
Este martes, en el Consulado argentino en Madrid, comenzó la audiencia en la que Fabiola Yáñez. La ex primera dama de Argentina, presentó su declaración en un caso que ha captado la atención de los medios y la opinión pública. Yáñez, acompañada por su abogada Mariana Gallego, llegó al consulado pasadas las 10 de la mañana, hora de Argentina.
Para testificar sobre una serie de graves acusaciones contra su expareja, el expresidente Alberto Fernández.
La audiencia, sin embargo, se llevó a cabo sin la presencia de Fernández, debido a una decisión judicial que le impidió participar.
El juez federal Julián Ercolini, encargado de supervisar el proceso, rechazó la solicitud de Fernández de asistir a la declaración testimonial de Yáñez. La decisión se basó en la necesidad de proteger a la denunciante y evitar cualquier forma de intimidación o acoso. Considerando la naturaleza de las acusaciones presentadas.
Entre los cargos que Yáñez ha imputado a Fernández, destacan episodios de violencia física, maltrato psicológico, insultos. De manera particularmente grave, la inducción a un aborto en 2016.
En su declaración, Yáñez proporcionó un documento de veinte páginas en el que detalla los hechos de violencia que afirma haber sufrido a lo largo de su relación con Fernández.
Entre las acusaciones, la ex primera dama menciona "lesiones graves doblemente calificadas por el vínculo y perpetradas en el marco de violencia de género con abuso de poder y de autoridad". Además de amenazas coactivas. Estos delitos, según Yáñez, deben ser considerados con agravantes debido a la posición de poder que Fernández ostentaba en ese momento.
La fiscalía, bajo la dirección de Ramiro González, ha adoptado una postura activa en el caso. Interrogando a Yáñez sobre cada uno de los incidentes narrados en su escrito.
La intención es obtener detalles precisos que permitan sustentar las acusaciones contra Fernández. Así como asegurarse de que este no haya violado las medidas cautelares previamente impuestas. Que le prohíben cualquier tipo de contacto con Yáñez, ya sea de forma directa o a través de terceros.
Esta prohibición se intensificó tras la denuncia de Yáñez sobre continuos hostigamientos telefónicos. Incluso después de la implementación de dichas medidas cautelares, lo que llevó al juez a ordenar la confiscación del móvil de Fernández.
Yáñez también ha sido enfática en describir el impacto psicológico que estos abusos le han ocasionado. Indicando que las secuelas de las agresiones sufridas la llevaron a requerir tratamientos psicológicos y psiquiátricos prolongados, además de medicación para poder sobrellevar la situación.
La gravedad de estas lesiones, según su testimonio, le impidió llevar una vida normal y ejercer sus funciones durante más de 30 días. Lo que legalmente distingue un delito grave de uno menor.
El relato de Yáñez incluye una serie de abusos que, según ella, fueron constantes y sistemáticos, y que generaron daños psicológicos "indudables". Estas agresiones no solo incluían maltratos y golpes, sino también un desprecio constante y un ambiente de hostigamiento que configuraba, según sus palabras, una habitualidad en su relación con Fernández.
Uno de los aspectos más sensibles de su declaración fue la denuncia de violencia reproductiva. En la que Yáñez acusó a Fernández de haberla inducido a realizarse un aborto a finales de 2016. Este hecho, según la ex primera dama, representa uno de los episodios más dolorosos y traumáticos de su vida.
El proceso judicial continúa, con la atención puesta en cómo se desarrollarán las siguientes fases del juicio. Que sin duda tendrá un gran impacto tanto en el ámbito judicial como en la arena política argentina.
