Cómo una comunidad de inmigrantes decidió una primaria socialista con votos que no sabían para qué eran, y qué pasó después en las calles de la ciudad.
BARCELONA — Mayo de 2026
Hubo un local en la Rambla de Cataluña en los bajos de la casa Heribert que debería ser objeto de estudio en cualquier facultad de economía de este país. Se trató de un supermercado regentado por un inmigrante de Bangladesh —no de Pakistán, aunque la distinción apenas importa en este relato— que pagaba 20.000 euros mensuales de alquiler por un local en una de las calles comerciales más caras de España y de Europa.
El negocio consistía en vender plátanos en estado avanzado de maduración, bolsas de patatas fritas, latas de cerveza y algunas botellas de alcohol barato. Los barceloneses que pasaban por delante miraban el escaparate, miraban la calle, hacían cuentas en la cabeza y seguían andando sin decir nada. Porque en Barcelona llevaban años aprendiendo que hay ciertas preguntas que es mejor no formular en voz alta.
Este artículo va a formularlas.
Para entender lo que ocurre hoy en las calles de Barcelona hay que retroceder a un día de 2014 en el barrio del Raval. Era la jornada de las primarias del PSC para elegir candidato a la alcaldía de la ciudad. El partido había decidido abrir la votación no solo a sus militantes sino a cualquier ciudadano que firmara un manifiesto de adhesión a principios progresistas genéricos. Una decisión que en teoría sonaba democrática y participativa. En la práctica, abrió una puerta que nadie había previsto.
En los colegios electorales del Raval comenzaron a aparecer colas. Largas colas de pakistaníes. Hombres que llegaban en grupo, que esperaban su turno pacientemente y que, cuando los periodistas les preguntaban en castellano o en catalán qué venían a hacer, respondían en urdu que no lo sabían muy bien. Algunos de ellos declararon abiertamente, ante las cámaras de televisión, que no sabían a quién votaban ni por qué estaban allí. Habían sido llevados. Alguien los había organizado. Alguien había pagado, o prometido, o simplemente convocado, con la eficiencia silenciosa de quien controla una comunidad desde dentro.
El resultado de aquellas primarias fue el más ajustado imaginable. Jaume Collboni ganó a su rival Carmen Andrés por apenas 400 votos —2.812 frente a 2.431— en una segunda vuelta en la que apenas votaron 5.000 personas en total. Según distintas estimaciones publicadas posteriormente, el 70% de los sufragios que obtuvo Collboni en aquellas internas fueron emitidos por ciudadanos pakistaníes. Un empresario de esa comunidad, propietario de varios de los supermercados que proliferaban ya entonces por la ciudad, había inscrito en el censo de simpatizantes del PSC a varios centenares de inmigrantes. El mecanismo era tan burdo que saltó a la prensa. Tan evidente que generó escándalo. Tan perfectamente impune que no tuvo consecuencia alguna.
Collboni fue candidato. Años después, fue alcalde. Y los supermercados pakistaníes siguieron multiplicándose.
El fenómeno de los supermercados de conveniencia pakistaníes abiertos las 24 horas no es nuevo en Barcelona. Llevan décadas formando parte del paisaje urbano de la ciudad, especialmente en los barrios del Raval, Nou Barris, Sant Pere y Gràcia. Lo que sí es relativamente nuevo es su proliferación acelerada, su penetración en las zonas más caras de la ciudad y, sobre todo, la economía manifiestamente imposible que los sustenta.
Hay individuos que han llegado a abrir un supermercado de franquicia española —Condis, Carrefour Express— al mes. Los negocios se instalan en locales con alquileres de miles de euros mensuales, en zonas donde la competencia es feroz y el poder adquisitivo del comprador medio no justifica un establecimiento abierto toda la noche vendiendo productos de baja rotación. La financiación de apertura de estos negocios no proviene de instituciones bancarias ni de créditos formales. Y es habitual la práctica de crear una empresa tras otra, vaciándola antes de que llegue la inspección de Hacienda, para volver a empezar con una razón social nueva.
La pregunta que cualquier inspector fiscal debería hacerse, y que los barceloneses llevan años haciéndose en voz baja, es siempre la misma: ¿de dónde sale el dinero? Un local con 20.000 euros de alquiler mensual, un empleado pakistaní que trabaja sin contrato, productos alimentarios comprados en almacenes de Europa a punto de caducar, márgenes de beneficio que no cuadran con los precios de venta. La aritmética sencillamente no cierra. A menos que la función real del establecimiento no sea vender plátanos.
En marzo de 2024, los Mossos d'Esquadra destaparon lo que la evidencia llevaba tiempo señalando. La operación, bautizada como caso Iluro, desmanteló una red criminal pakistaní que controlaba dieciséis supermercados en el área metropolitana de Barcelona y el Maresme, la mayoría de ellos franquicias de Condis Exprés. Seis detenidos, de entre 30 y 40 años. Cuatro personas liberadas que habían sido secuestradas. Once víctimas más de explotación laboral.
La organización funcionaba con una precisión industrial. Captaba a trabajadores en Pakistán con promesas de empleo y vida digna en Europa. Los hacía viajar por la ruta de los Balcanes —Turquía, países bálticos, Italia— hasta llegar a Cataluña de manera ilegal. Una vez en España, los regularizaba fraudulentamente mediante documentación falsa y los ponía a trabajar en los supermercados en condiciones de semiesclavitud: sin salario o cobrando el mínimo, sin derechos laborales, sin condiciones de habitabilidad. Algunos de ellos dormían literalmente en los sótanos de los locales o en los pasillos de las tiendas donde trabajaban.
Los cargos contra los detenidos incluían tráfico de seres humanos, explotación laboral, falsificación documental, violación de derechos de trabajadores extranjeros y, significativamente, blanqueo de capitales. No era un caso aislado. Era un sistema.
La operación de los Mossos no fue el único episodio revelador. En noviembre y diciembre de 2024, el Ayuntamiento de Barcelona llevó a cabo un operativo de inspección masiva sobre los supermercados 24 horas de la ciudad. El resultado fue tan contundente que resultó difícil de ignorar, aunque los medios progresistas de la ciudad pusieron todo su empeño en ello: en apenas cuatro días de inspecciones, los equipos municipales detectaron cerca de 2.000 infracciones en poco más de un centenar de establecimientos.
La mayoría de las infracciones, más de mil, correspondían a irregularidades en la actividad para la que se tenía licencia: negocios haciendo cosas distintas a las autorizadas. Quinientas sesenta y cuatro infracciones por ordenanza de paisaje urbano. Ciento cuarenta y tres por salud pública. Sesenta y tres vulneraciones de normativa laboral. Veinte irregularidades detectadas por la Agencia Tributaria. Siete locales precintados preventivamente. Y, dato que no apareció en muchos titulares: diecinueve establecimientos en los que se encontró a personas viviendo en espacios que no cumplían las condiciones mínimas de habitabilidad.
El operativo de inspección lo convocó el propio Ayuntamiento de Collboni. Como gesto de transparencia, podría interpretarse positivamente. Como reconocimiento implícito de que durante años nadie había mirado, resulta más incómodo. Las inspecciones se realizaron en horario diurno, en días laborables de finales de noviembre y principios de diciembre. Cuesta imaginar lo que habrían encontrado a las tres de la madrugada de un viernes.
El PSC y Collboni nunca han explicado con claridad qué ocurrió en aquellas primarias de 2014. Nunca ha habido una investigación interna, ni una depuración de responsabilidades, ni siquiera una declaración de principios sobre cómo evitar que vuelva a ocurrir. El episodio quedó sepultado bajo el peso de los ciclos informativos y la incomodidad compartida de quien no quiere hurgar en una herida que salpica a demasiados.
Lo que sí ocurrió en los años siguientes fue perfectamente visible para cualquiera que quisiera mirar. La comunidad pakistaní de Barcelona creció y consolidó su presencia comercial de manera acelerada. Los supermercados 24 horas proliferaron en los barrios centrales de la ciudad con una velocidad que desconcertaba a los comerciantes autóctonos, incapaces de competir con unos precios y unos horarios que desafiaban cualquier lógica empresarial convencional. Las licencias llegaban o no, se hacía la vista gorda con decenas de locales que no las tenían. Nadie inspeccionaba demasiado.
La pregunta que Barcelona se hace en voz baja desde hace más de una década no es si existe una relación entre la comunidad pakistaní y el PSC. Eso está documentado y es un hecho. La pregunta es qué naturaleza tiene esa relación, qué se dio a cambio de aquellos 400 votos decisivos en 2014, y si el floreciente ecosistema comercial que creció a continuación fue producto del libre mercado, de la permisividad municipal, o de algo que ningún concejal va a reconocer nunca ante un micrófono.
Barcelona es una ciudad que lleva años practicando una forma peculiar de cobardía cívica. Una ciudad donde la corrección política ha colonizado el debate público hasta el punto de que señalar lo evidente — que ciertos negocios no cuadran económicamente, que ciertas comunidades tienen relaciones opacas con el poder local, que ciertas primarias huelen mal— se convierte automáticamente en un ejercicio de xenofobia a ojos de la progresía bien instalada.
El resultado de ese silencio no es la convivencia armoniosa que se vende en los folletos turísticos. Es la impunidad estructural de quienes saben que nadie va a mirar demasiado mientras las formas se mantengan. Es un modelo comercial basado en la explotación de compatriotas traídos en condiciones de esclavitud desde el Punjab. Es gente durmiendo en sótanos de supermercados en el centro de la ciudad más cara de España.
Y es un alcalde que llegó al cargo gracias a unos votos que los propios votantes reconocieron no saber para qué eran, gobernando una ciudad donde esos mismos votantes y sus redes han construido un emporio comercial que los inspectores tardaron años en mirar y cuatro días en encontrarle 2.000 infracciones.
Puede que todo sea una serie de coincidencias. Puede que los plátanos podridos del Raval den para pagar 20.000 euros de alquiler mensual en la Rambla de Catalunya. Puede que los 400 votos de 2014 fueran pura expresión espontánea de fervor democrático pakistaní por un candidato abiertamente homosexual en las primarias socialistas barcelonesas.
Puede. Pero las preguntas siguen ahí. Y Barcelona merece periodistas dispuestos a hacerlas.
