Europa Press, EDATV El colaborador de Begoña Gómez, Barrabés, asegura que dio 'alguna clase' en el máster
Su abogado ha solicitado el archivo de la causa al considerar que no existe "indicio alguno de delito"
El empresario Juan Carlos Barrabés, colaborador en el máster que dirigía Begoña Gómez en la UCM, se defiende. Asegura que su papel en ese proyecto académico fue “meramente testimonial”. Según su defensa, su participación se limitó a impartir “dos clases en cada curso y un total de dos ediciones”.
En un escrito presentado el 10 de octubre ante el Juzgado, dirigido por el juez Peinado, el abogado del empresario pidió archivar la causa. Argumenta que no hay “indicio alguno de delito” y que las acusaciones populares han construido un relato “genérico y carente de base fáctica”.
El documento subraya que Barrabés percibió por sus clases 150 euros la hora, la misma cantidad que el resto del profesorado. Además, aclara que el empresario no formaba parte de los órganos académicos vinculados al máster ni participó en su diseño o gestión. “No hubo aportación económica alguna ni participación de ningún tipo”, insiste la defensa.
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El empresario aragonés lamenta que se haya intentado vincular su nombre al de Begoña Gómez “a base de repetir insistentemente una mentira”. Recuerda que tanto la UCO como la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE) concluyeron. Y que los contratos adjudicados a sus empresas se ajustaron a la normativa vigente.
Barrabés rechaza las insinuaciones de trato de favor o conflicto de intereses. Considera que las acusaciones han pretendido crear una relación de influencia entre él y Begoña Gómez sin prueba alguna que la sustente. Su abogado defiende que no existen elementos objetivos que puedan sostener un delito ni indicios de corrupción.
El escrito también cuestiona las decisiones del juez Peinado. En concreto, critica que se haya incorporado a la causa un informe de la Unidad de Apoyo de la IGAE adscrita a la Fiscalía Europea.
Según la defensa, esos documentos corresponden a otro procedimiento judicial abierto por los contratos de Red.es, financiados con fondos comunitarios, y no pueden ser valorados de forma paralela. Por ello, acusan al juez de exceder su competencia.
El empresario también rebate la tesis del auto que transformó el caso en procedimiento de jurado. A su juicio, carece de sentido atribuir relevancia penal al hecho de que Gómez sea la esposa del presidente.
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En su escrito, recuerda que el primer contrato importante adjudicado a su empresa data de 2017. Cuando Pedro Sánchez aún no era presidente ni existía relación personal alguna entre Gómez y Barrabés.
“La mera relación profesional entre dos personas no constituye delito”, argumenta su abogado. “No basta con que una de ellas sea cónyuge del presidente del Gobierno para admitir la comisión de ilícito alguno”, añade.
La defensa de Barrabés insiste en que el empresario actuó dentro de la legalidad y que su papel en el máster fue limitado y transparente. A la espera de la decisión del juez, su equipo confía en que la causa sea archivada por falta de indicios.
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