La organización sostiene que las afirmaciones emitidas en directo fueron un ataque público injustificado
La colaboradora televisiva Sarah Pérez Santaolalla ha sido citada este jueves 4 de diciembre a un acto de conciliación en los juzgados de Salamanca. El proceso se origina tras unas declaraciones realizadas el 11 de febrero de 2025 en un programa de televisión. Aquellas palabras desencadenaron la reacción de la asociación HazteOir, que presentó una demanda de conciliación al considerar que la tertuliana atentó contra su honor.
La organización sostiene que las afirmaciones emitidas en directo fueron un ataque público injustificado. Santaolalla lanzó duras críticas durante el debate televisivo. Entre ellas, destacó una acusación que la asociación considera especialmente grave, en sus propias palabras:
"Y tú crees Nacho, que como son, el pseudosindicato Manos Limpias, la asociación ultraderechista de HazteOir. Y todas estas pseudo asociaciones ultraderechistas, peligrosas, teniendo esa información no solo del fiscal general del Estado.
Sino también de uno de los periodistas que declara, y de otro fiscal, porque se ha extendido la información. ¿No van a actuar contra ellos? Estos son los mismos que te hacen una manifestación a la puerta del juzgado llamándote criminal, sanguinario. Insultándote a la puerta del juzgado.
¿Tú te crees que teniendo la información de dónde vive el Fiscal General del Estado no se van a presentar en su casa?
Son auténticos delincuentes. Y es muy peligroso que conozcan la información privada de quien forma parte de este proceso".
Para HazteOir, estas palabras no solo son falsas. También las describen como insultantes, vejatorias y difamatorias. En su argumentación, subrayan que la entidad no está integrada por delincuentes.
Remarcan además que no tienen ninguna causa penal abierta ni han sido condenados por delito alguno. La asociación insiste en que es una entidad civil legalmente constituida y de ámbito nacional.
Desde la organización también rechazan que se les describa como un colectivo peligroso. En su defensa afirman que nunca han realizado actos frente a domicilios particulares. Añaden que todas sus concentraciones se han tramitado con la autorización correspondiente.
Subrayan, además, que en la fecha mencionada no formaban parte de ningún procedimiento relacionado con el fiscal general del Estado.
Otra de las afirmaciones que rechazan con firmeza es la supuesta organización de manifestaciones ante los juzgados. Según su versión, no existen registros de protestas en las que se llamara “sanguinario” a nadie, tal y como afirmó Santaolalla en televisión.
La citación judicial abre ahora un proceso de conciliación. El objetivo es determinar si existió una vulneración del derecho al honor. El caso también reabre el debate sobre los límites de la opinión en los espacios televisivos.
La situación de Sarah Santaolalla se convierte así en un nuevo episodio de tensión entre comunicadores y organizaciones que se sienten señaladas en los medios.
El acto de conciliación será clave para conocer si ambas partes alcanzan un acuerdo o si el conflicto continúa por la vía judicial. Mientras tanto, el caso ya ha generado un notable interés mediático. Y vuelve a colocar en primer plano la responsabilidad de los tertulianos y el impacto de sus declaraciones en directo.
