La alcaldesa de València, María José Catalá, no se ha mordido la lengua. Ha calificado de "verdadera chapuza del Gobierno" el proceso de regularización de migrantes que arrancó este lunes, y ha señalado directamente al Ejecutivo de Pedro Sánchez por haber puesto en marcha un mecanismo sin avisar, sin formar y sin apoyar a los ayuntamientos que ahora tienen que gestionarlo.
Y el problema no se queda en València. Catalá ha denunciado que hay consistorios "curiosamente socialistas" que están mandando a personas migrantes a la capital valenciana con una excusa tan simple como que allí, dicen, no hacen empadronamientos especiales. El resultado: colas, colapso y ciudadanos sin historial municipal que necesitan cita previa, informe de vulnerabilidad y documentación que muchos no tienen.
La alcaldesa lo ha resumido sin rodeos: el Gobierno volcó todo el proceso sobre los municipios "sin información previa, sin formación previa, sin ayuda". Una barbaridad, en sus propias palabras. Y encima, los ayuntamientos siguen sin ver actualizadas sus aportaciones en los tributos del Estado desde 2023, mientras Sánchez habla de financiación autonómica y se olvida de la local.
