Esta nueva normativa se produce tras años de ausencia de regulación, especialmente durante los gobiernos anteriores de izquierda
El Ayuntamiento de València ha dado un nuevo paso para frenar el crecimiento descontrolado de apartamentos turísticos en la ciudad. La Comisión de Urbanismo ha aprobado este martes, con los votos favorables de PP y Vox, y el rechazo de PSOE y Compromís, someter a exposición pública la modificación puntual del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) que incorpora nuevas limitaciones para los alojamientos turísticos. La medida ha sido impulsada directamente por la alcaldesa María José Catalá, como parte de su apuesta por un modelo de ciudad más equilibrado.
Esta nueva normativa se produce tras años de ausencia de regulación, especialmente durante los gobiernos anteriores de izquierda, periodo en el que –según ha subrayado el concejal de Urbanismo, Juan Giner– se disparó la implantación de este tipo de viviendas, incluso en bajos comerciales, sin una respuesta efectiva en cuanto a inspección o control.
Durante los próximos 45 días se abrirá el plazo de exposición pública para que ciudadanos y entidades puedan presentar alegaciones. En paralelo, se prorrogará un año más la suspensión de concesión de licencias para viviendas turísticas mientras se finaliza el proceso normativo, una medida con la que el consistorio busca evitar nuevas altas que puedan comprometer el equilibrio habitacional de los barrios.
El objetivo principal de esta normativa, según ha explicado Giner, es proteger al residente, priorizar el uso residencial y reforzar el comercio de proximidad, al tiempo que se impulsa un modelo turístico sostenible y compatible con la vida cotidiana de los barrios. Para ello, se plantean controles administrativos que limitan el número de apartamentos turísticos por barrio y manzana.
En concreto, se prohíbe la implantación de nuevas plazas turísticas en distritos que superen el 8% de plazas respecto al número de empadronados. Además, el número de viviendas turísticas no podrá exceder el 2% del parque de viviendas por barrio. La excepción será Ciutat Vella, que ya cuenta con su propia regulación específica.
Por otro lado, se limitará al 15% el número de locales por manzana que podrán albergar una vivienda turística, asegurando que al menos el 85% se destinen a otros usos como comercios, clínicas, oficinas o servicios.
Con estas medidas, el gobierno municipal liderado por Catalá busca una regulación eficaz y equilibrada que proteja la vivienda y la convivencia en los barrios frente a la presión turística.
