La Fiscalía también ha solicitado informes de entidades clave como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ)
La figura de Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, vuelve a estar en el epicentro del debate político y jurídico tras conocerse que la Fiscalía la reconoce como integrante del Comité de Dirección del Cecopi durante la emergencia provocada por la DANA del pasado 29 de octubre. Una responsabilidad institucional de primer nivel que no puede ni debe esquivarse.
El escrito de la Fiscalía, fechado el 9 de abril, no deja lugar a interpretaciones. La estructura del Plan Especial ante el Riesgo de Inundaciones señala de forma explícita que, en situación 2 de emergencia, el Cecopi está dirigido de manera conjunta por un representante de la Generalitat y otro de la Administración General del Estado, es decir, la Delegada del Gobierno o, en su defecto, el Subdelegado. En este caso, fue Bernabé quien ostentó ese rol y, por tanto, su presencia e implicación en la toma de decisiones es incuestionable.
Cabe recordar que, durante su comparecencia judicial, Bernabé argumentó desconocimiento de algunas informaciones críticas que, según supimos después, sí constaban en los registros del 112 o en los informes técnicos. Sin embargo, como integrante del Comité de Dirección del Cecopi, su responsabilidad no es menor. La participación activa y la coordinación eficaz en momentos de crisis no son opcionales, sino inherentes al cargo.
La Fiscalía también ha solicitado informes de entidades clave como la AEMET y la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), ambas también reconocidas como integrantes del grupo de seguimiento de riesgos del Cecopi. Todo indica que el Ministerio Público busca esclarecer si se cumplió con el deber de asesoramiento y transmisión de información crítica sobre lluvias, caudales y posibles colapsos hidráulicos, así como si esas informaciones se trasladaron correctamente a quienes debían activar las alertas a la población.
En este contexto, el papel de Bernabé no puede limitarse a una mera presencia institucional. Su función debía ser proactiva, garantizando la coordinación de todos los niveles del Estado, especialmente en un territorio históricamente vulnerable a fenómenos meteorológicos extremos.
Estamos ante un escenario que exige a Bernabé respuestas políticas y judiciales claras. El Comité de Dirección del Cecopi no es una mesa testimonial: es el núcleo de mando en situaciones de emergencia.
