El consejero de Sanidad y Bienestar Social, Alejandro Vázquez, ha reclamado este lunes al ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, el abono de la deuda que, según la Junta de Castilla y León, el Estado mantiene con la Comunidad en materia de dependencia y que asciende a más de 4.631 millones de euros.
La reclamación llega después de que el Gobierno central aprobara, mediante un Real Decreto-Ley, un incremento de su aportación al sistema de atención a la dependencia con el objetivo de alcanzar el 50 % de la financiación. Sin embargo, Vázquez considera que esta medida "ni resuelve el problema de financiación del sistema, ni garantiza su estabilidad a medio y largo plazo, ni compensa el esfuerzo económico que Castilla y León ha asumido durante años ante el incumplimiento del Estado".
El consejero recordó que la Junta lleva años exigiendo al Ejecutivo central el cumplimiento de lo establecido en la Ley de Dependencia, que fija una financiación compartida al 50 % entre ambas administraciones. A su juicio, el hecho de que este incremento llegue ahora, sin Presupuestos Generales del Estado y a través de un decreto, genera "desconfianza" y no ofrece garantías de continuidad.
En este sentido, señaló que la medida demuestra que el Gobierno podía haber atendido esta reivindicación con anterioridad, evitando que Castilla y León asumiera en solitario una parte importante del coste del sistema. Además, criticó que la financiación aprobada tenga carácter extraordinario y se limite al ejercicio 2026, sin asegurar recursos para los años siguientes.
Según explicó Vázquez, esta aportación puntual no garantiza la estabilidad del sistema para las cerca de 128.000 personas en situación de dependencia de Castilla y León, especialmente en un contexto en el que el Estado continúa funcionando con los Presupuestos prorrogados desde 2023.
El titular de Sanidad y Bienestar Social insistió además en que este incremento no exime al Gobierno central de saldar la deuda acumulada con la Comunidad por la insuficiente financiación de ejercicios anteriores. Esa cantidad asciende, según los cálculos de la Junta, a 4.631.711.373 euros, de los que 664.397.759 corresponden a la actual legislatura.
Como alternativa, Vázquez propuso extender a Castilla y León un modelo similar al acordado entre el Gobierno y el País Vasco, que, según explicó, garantiza no solo el 50 % del nivel mínimo de financiación, sino la mitad del gasto certificado, además de asegurar la financiación también para 2027.
Por último, el consejero expresó la preocupación del Ejecutivo autonómico por la futura Ley de Dependencia, actualmente en tramitación, al considerar que el Real Decreto-Ley aprobado tiene un carácter temporal y no contempla la evolución del coste real de los servicios, las prestaciones ni el incremento de profesionales que el propio Ministerio prevé para los próximos años.
