La Junta de Castilla y León ha decidido dar un giro a su política migratoria con un paquete de medidas centrado en reforzar el control sobre la inmigración ilegal y el sistema de protección de menores extranjeros no acompañados. El Ejecutivo autonómico prepara nuevas actuaciones que incluyen planes de retorno para inmigrantes en situación irregular, verificaciones de edad y una revisión de los recursos públicos destinados a esta materia.
El anuncio lo realizó este lunes el vicepresidente primero y consejero de Desregulación, Familia y Ayudas Sociales, Carlos Pollán. Las iniciativas forman parte de la hoja de ruta que el Gobierno autonómico pretende desarrollar en los próximos meses tras la incorporación de los nuevos responsables de la Consejería. Uno de los principales cambios afectará a los menores extranjeros no acompañados que permanecen en centros de protección de Castilla y León. La Junta impulsará pruebas para comprobar la edad real de quienes aseguran ser menores cuando existan dudas sobre la documentación presentada o sobre su identidad.
La Administración autonómica también revisará si estos jóvenes cuentan con familiares directos que residan legalmente en España. El objetivo es determinar si realmente se encuentran solos o si existen vínculos familiares que deban tenerse en cuenta antes de mantenerlos dentro del sistema de protección destinado a menores. Desde el Gobierno regional consideran que estas comprobaciones son necesarias para garantizar que los recursos públicos lleguen exclusivamente a quienes cumplen los requisitos previstos por la legislación. La medida busca reforzar el control administrativo y evitar posibles irregularidades en el acceso a los centros de acogida.
Pollán defendió esta estrategia apoyándose en datos registrados en otras comunidades autónomas. Según explicó, en Aragón un elevado porcentaje de las personas sometidas a pruebas médicas para determinar su edad resultó ser mayor de 18 años, pese a haberse presentado inicialmente como menores.
