Europapress El 'caso Koldo' hace estragos en el Ministerio de Óscar Puente y anuncia dos ceses
En su comparecencia en el Senado, Puente ha confirmado la destitución tras 6 meses de auditoría interna
El ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, ha informado este viernes en el Senado sobre dos ceses. El del subsecretario de su departamento, Jesús Manuel Gómez. Y el del jefe de personal de Adif, Michaux Miranda, debido a su condición de investigados en el ‘caso Koldo’ desde hace un mes.
Óscar Puente lo ha confirmado en el Senado:
“Habida cuenta la situación procesal en la que se encuentran. Espero que lo comprendan”.
Óscar Puente lo ha anunciado en el Senado tras la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible | Europa Press
Así lo ha indicado Puente en la Cámara Alta durante su comparecencia extraordinaria. Una comparecencia en la Comisión de Transportes y Movilidad Sostenible, convocada a petición del PP.
Ambos altos cargos están imputados desde finales de julio. Deben declarar ante el juez Ismael Moreno el próximo 9 de septiembre en la Audiencia Nacional.
Después de casi un mes de imputación de ambos, Óscar Puente decide ahora cesarlos.
Óscar Puente destituye a dos miembros tras 6 meses de auditoría | Europa Press
El ministro de Transportes destacó que los hechos y conclusiones de la auditoría interna realizada por su ministerio. Según él “han generado una pérdida de confianza que ha llevado a la decisión” de cesar a ambos. Serán interrogados por el juez en septiembre como investigados.
Puente ha comparecido en el Senado para explicar resultados de esa auditoría que encargó hace seis meses. Todo tras conocerse el presunto caso de corrupción y si va a tomar medidas al respecto. El ministro ha indicado en su comparecencia que hará público el informe de la citada auditoría.
El juez Ismael Moreno, investiga en el ‘caso Koldo’, una presunta trama que habría pagado comisiones para conseguir adjudicaciones. Todo ello para la venta de mascarillas en la pandemia de coronavirus.
Concretamente, indaga en ocho contratos adjudicados por casi 52 millones de euros por distintos entes de la Administración Pública, entre ellos Puertos del Estado y Adif, dependientes del Ministerio de Transportes.
La Fiscalía Anticorrupción acusa a los investigados de supuestos delitos de asociación ilícita, fraude fiscal, lavado de dinero, soborno y abuso de poder.
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