El presidente de la Generalitat Valenciana mantendrá el próximo viernes con el presidente del gobierno de España
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha remitido al Gobierno central un total de 56 demandas específicas de la Comunitat Valenciana para abordar en la reunión que mantendrá el próximo viernes con el presidente Pedro Sánchez. Durante la sesión de control en Les Corts, Mazón destacó la urgencia de estas reivindicaciones, subrayando que la Comunitat “ya no puede esperar más” y que su gobierno está comprometido en defender las justas necesidades del territorio. Entre las demandas principales, resaltó la creación de un fondo de nivelación transitorio para equiparar a la Comunitat con otras autonomías mientras se reforma el sistema de financiación autonómica.
Mazón criticó al PSPV por romper la unidad en la Taula pel Finançament, señalando que en 2022, Ximo Puig firmó un acuerdo con Juanma Moreno, presidente de la Junta de Andalucía, para proponer conjuntamente la creación de dicho fondo transitorio. Mazón reprochó que esta propuesta haya sido abandonada.
El presidente también mencionó que en septiembre de 2024, el paro en la Comunitat descendió en 1.148 personas, el nivel más bajo en un mes de septiembre desde 2008. Además, destacó que la Comunitat Valenciana es la tercera autonomía con más creación de empleo, con 97.000 nuevos puestos de trabajo, y lidera la creación de empleo femenino, juvenil e industrial.
Durante su intervención, Mazón subrayó el aumento de recursos en políticas sociales y educativas por parte de su gobierno. Comparó las cifras actuales con las del último año del Botànic, destacando que su gobierno ha destinado 635 millones de euros a la atención a la dependencia frente a los 559 millones del anterior ejecutivo, y ha incrementado la inversión en el bono infantil a 117 millones de euros, frente a los 79 millones anteriores.
Asimismo, Mazón abordó la necesidad de una nueva legislación en materia migratoria, señalando su preocupación por la inmigración ilegal y criticando la gestión del Gobierno central por no trabajar en los países de origen ni coordinar esfuerzos con la Unión Europea. Reafirmó que la responsabilidad migratoria recae en el gobierno central, mientras que las autonomías cumplen un rol asistencial.
