Rebelión contra García Ortiz, hasta 13 fiscales de Sala cuestionan su gestión y exigen su dimisión
La declaración como imputado del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, el pasado miércoles en el Tribunal Supremo ha generado una fuerte reacción en el Ministerio Público.
Trece fiscales de la Junta de Fiscales de Sala han remitido una carta a García Ortiz solicitando su dimisión "imprescindible" ante el proceso judicial que enfrenta por presunta revelación de secretos.
El escrito, adelantado por ABC, expresa la preocupación de los firmantes por la imagen y credibilidad de la institución.
Consideran que la negativa del fiscal general a responder a las preguntas del magistrado instructor, Ángel Hurtado, es una actitud impropia. Además, advierten que el avance de la investigación está causando un "daño intolerable" al Ministerio Público.
En la carta, los fiscales explican que los nuevos acontecimientos en la causa contra García Ortiz hacen "imprenscindible" su dimisión.
Consideran que la institución debe mantenerse ajena a cualquier sombra de duda y que la permanencia del fiscal general en el cargo compromete su imparcialidad.
Entre los firmantes figuran figuras destacadas del Ministerio Público. Dos exfiscales generales del Estado encabezan la lista: Consuelo Madrigal (2015-2016) y María José Segarra (2018-2020).
Segarra pertenece a la Unión Progresista de Fiscales (UPF), la misma asociación a la que está vinculado García Ortiz. Además, han suscrito el documento Javier Zaragoza, Jaime Moreno, Fidel Cadena, Rosa Ana Morán, Javier Huete, Antonio Narváez, Manuel Moix, Elvira Tejada, Pilar Martín Nájera y José Miguel de la Rosa.
Mientras crecen las peticiones de dimisión, fuentes cercanas al fiscal general han manifestado su respeto al proceso judicial. Insisten en que la investigación debe desarrollarse sin presiones externas ni interferencias.
El pasado miércoles, García Ortiz compareció ante el Tribunal Supremo, pero optó por no responder a las preguntas del magistrado instructor. Justificó su silencio afirmando que la investigación parte de "una certeza que impide descubrir la verdad".
También señaló que algunas decisiones, como la entrada y registro de su despacho, vulneran sus derechos fundamentales. La Fiscalía recurrió esa actuación, alegando que no se ajustaba a derecho.
María Ángeles Conde, la fiscal que instruye la causa, reforzó la postura de García Ortiz al negarse a formularle preguntas.
Sostiene que la base del procedimiento es "un registro ilegal" y que existe "conexión de antijuridicidad" en la actuación judicial. Tampoco interrogó a Pilar Rodríguez, la otra imputada que declaró el jueves.
La crisis en la Fiscalía se agrava con este nuevo episodio, que reaviva el debate sobre la independencia del Ministerio Público.
La división entre fiscales se ha hecho evidente, y la petición de dimisión ha abierto una brecha en la institución. Mientras tanto, el futuro de García Ortiz queda en el aire, a la espera de la evolución del proceso judicial en el Tribunal Supremo.
