La investigación en torno a la cátedra que dirigió Begoña Gómez continúa ampliándose. La Cámara de Cuentas de la Comunidad de Madrid ha comunicado oficialmente al juez Juan Carlos Peinado que ya ha iniciado una fiscalización de los contratos vinculados a la Cátedra de Transformación Social Competitiva de la Universidad Complutense de Madrid (UCM), dirigida por la esposa del presidente del Gobierno.
Según la documentación remitida al titular del Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid, el organismo autonómico incluyó esta auditoría dentro de su Programa de Fiscalizaciones para 2025, aprobado el pasado 25 de febrero por el Consejo de Gobierno regional a propuesta de la Asamblea de Madrid.
El objetivo de esta actuación, según explica el escrito, es analizar todos los contratos formalizados por la cátedra desde su creación. No obstante, la Cámara de Cuentas ha solicitado expresamente al juez Peinado que identifique qué expedientes o documentos pueden estar afectados por el secreto de las actuaciones judiciales para evitar interferencias con la causa penal abierta.
La comunicación, fechada el 26 de mayo y adelantada por El Debate, detalla además que el organismo fiscalizador ya requirió información a la Universidad Complutense. En concreto, solicitó una relación completa de los contratos celebrados para el funcionamiento y desarrollo de la actividad de la cátedra extraordinaria, así como un informe específico sobre aquellos contratos relacionados con las denuncias presentadas contra Begoña Gómez.
La respuesta de la UCM llegó el 20 de mayo mediante un escrito firmado por la interventora de la universidad. En él se indica que la institución únicamente tiene constancia de las diligencias judiciales que instruye el juez Peinado y que no había recibido hasta la fecha requerimientos concretos relacionados con los contratos de la cátedra.
La investigación judicial sobre Begoña Gómez se centra en varios presuntos delitos relacionados con tráfico de influencias, corrupción en los negocios y apropiación indebida de software desarrollado en el marco de la cátedra universitaria. Precisamente, la propia Universidad Complutense se encuentra personada en la causa como “actor civil” para reclamar posibles daños y perjuicios derivados de una supuesta apropiación del software asociado al proyecto académico.
El procedimiento judicial ha convertido la actividad profesional y empresarial de la esposa de Pedro Sánchez en uno de los principales focos políticos y judiciales de los últimos meses. La decisión de la Cámara de Cuentas de iniciar una auditoría paralela añade ahora una nueva dimensión institucional al caso, al abrir una vía específica de revisión sobre la contratación y el uso de recursos públicos vinculados a la cátedra.
Mientras tanto, el juez Peinado continúa practicando diligencias dentro de una investigación que sigue generando tensión política y un intenso debate público sobre los límites entre actividad institucional, universidad y relaciones empresariales.
