El Gobierno ha dado por zanjado el debate sobre la legalidad de la amnistía después del pronunciamiento del Tribunal de Justicia de la Unión Europea. El ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, ha asegurado que ya no existen dudas sobre la norma y ha pedido que se aplique plenamente y "lo antes posible" a los dirigentes independentistas.
Bolaños ha realizado una declaración institucional en el Palacio de la Moncloa tras conocerse la decisión de Luxemburgo. El ministro sostiene que el fallo confirma tanto la constitucionalidad de la ley como su compatibilidad con el Derecho de la Unión Europea, por lo que considera que ha llegado el momento de completar su aplicación.
El titular de Justicia ha reclamado expresamente que la medida alcance a los responsables políticos que impulsaron el proceso independentista, entre los que se encuentra el expresidente catalán Carles Puigdemont. Su situación, sin embargo, continúa pendiente de las decisiones que adopten el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional.
Bolaños pide culminar la "normalización" de Cataluña
El Gobierno interpreta la resolución europea como un respaldo a la estrategia emprendida por Pedro Sánchez para rebajar la tensión política en Cataluña. Bolaños ha defendido que la aplicación definitiva de la ley supondrá la última etapa del proceso de "normalización institucional, política y social" iniciado durante los últimos años.
A su juicio, resultaría positivo para Cataluña y para el conjunto de España que esa fase se completara cuanto antes. El ministro ha situado así la presión sobre los órganos judiciales encargados de estudiar cada uno de los procedimientos afectados por la norma.
El TJUE ha considerado que la amnistía puede ajustarse al Derecho comunitario porque persigue reducir las tensiones políticas e institucionales y favorecer un escenario de reconciliación tras el desafío separatista. La corte europea también ha descartado que los supuestos analizados perjudiquen los intereses financieros de la Unión.
El pronunciamiento no implica, no obstante, que Puigdemont pueda regresar de manera inmediata a España sin riesgo de ser detenido. El Supremo se ha negado hasta ahora a amnistiar la malversación que se le atribuye, una decisión recurrida por su defensa ante el Constitucional.
Puente habla de un nuevo "ridículo europeo"
El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha aprovechado la decisión de Luxemburgo para cargar contra quienes pusieron en duda el encaje jurídico de la ley. En un mensaje publicado en la red social X, ha afirmado que el fallo supone "otro ridículo europeo" para los críticos de la amnistía.
Puente ha señalado que ese supuesto ridículo resulta grave por sí mismo, pero también por haberse repetido en distintas ocasiones. El ministro no ha mencionado directamente al Partido Popular ni a los jueces que plantearon las cuestiones prejudiciales, aunque ha deslizado una crítica hacia algunas instituciones del Estado.
"No estaría de más que la democracia, que ya cruzó los Pirineos hace mucho tiempo, alcanzara a todas las instituciones del Estado", ha escrito. La afirmación se produce en plena tensión entre el Ejecutivo y determinados sectores judiciales por la interpretación y aplicación de la amnistía.
Con las declaraciones de Bolaños y Puente, el Gobierno busca presentar la sentencia europea como una derrota política y jurídica de quienes combatieron la norma. El Ejecutivo reclama ahora que los tribunales españoles aceleren su aplicación y permitan que alcance también a Puigdemont y al resto de líderes independentistas pendientes de ella.
