Aagesen presume de 600 millones para la zona dana mientras el pueblo valenciano sigue esperando las obras

La vicepresidenta del Gobierno y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Sara Aagesen, ha querido presentar como un éxito que el plan de mejora de resiliencia frente a inundaciones en la zona afectada por la dana haya pasado de una dotación de 530 millones de euros a los "prácticamente" 600 millones que ahora anuncia. Sin embargo, detrás del anuncio se esconde una realidad mucho más incómoda para el Ejecutivo: casi un año después de la tragedia, las actuaciones realmente decisivas para proteger al territorio siguen sin ejecutarse.

Así lo ha reconocido la propia ministra en una rueda de prensa tras visitar la sede de la Aemet en València, acompañada del delegado territorial de la Aemet, Jorge Tamayo; la delegada del Gobierno en la Comunitat Valenciana, Pilar Bernabé; el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), Miguel Polo; la comisionada del Gobierno para la reconstrucción, Zulima Pérez, y la comisionada del Ciclo del Agua y Restauración de Ecosistemas, Laura Martín.

Aagesen ha explicado que el plan ha requerido más de 150 reuniones con la Generalitat, ayuntamientos y otros actores, y que el Gobierno ha respondido a las 109 alegaciones presentadas durante la información pública. Pero el dato que verdaderamente importa a los valencianos que siguen viviendo con miedo cada vez que llueve es otro: las obras de protección frente a inundaciones en el barranco de La Saleta, en el tramo entre Aldaia y la Vía Verde de Valencia, con un presupuesto de 132,1 millones de euros, todavía no han salido a licitación. "Queremos que salga este mismo mes de julio", ha admitido la ministra, en un reconocimiento implícito de que, diez meses después de la dana, una de las actuaciones que el propio Gobierno califica de prioritaria sigue sin ni siquiera arrancar su tramitación.

El resto de actuaciones "completamente novedosas" del plan -la protección de las cuencas del Poyo, Magro, bajo Júcar, Pozalet, Saleta y Picassent- se encuentran todavía en fase de "elaboración técnica", según ha reconocido la propia ministra. El Consejo de Ministros aprobó este mismo martes el contrato de La Saleta y un real decreto para conceder 60 millones en subvenciones a los municipios afectados, pero Aagesen ni siquiera ha podido concretar cuándo se publicará esa norma: "Publicaremos el real decreto muy próximamente", se ha limitado a decir.

El Gobierno se ha esforzado por destacar los avances ya ejecutados: 17 obras de emergencia terminadas en la demarcación del Júcar, un barranco más ancho y con la capacidad de desagüe triplicada en su paso por Chiva, la reconstrucción del tramo final del cauce del Poyo, la capacidad de encauzamiento duplicada en el río Magro desde Utiel, el refuerzo de la presa de Forata y trabajos en 75 kilómetros de cauce que atraviesan diez municipios. Son actuaciones necesarias, pero que llegan después de meses de retraso y que distan mucho de suponer la protección estructural que la Comunitat Valenciana necesita frente a un nuevo episodio extremo.

La propia ministra ha terminado admitiendo lo que estas cifras ya delataban: "Queda trabajo por hacer, seguimos tramitando numerosos proyectos". Una frase que resume el fondo de la cuestión: mientras el Gobierno central se felicita por elevar el presupuesto sobre el papel, el pueblo valenciano sigue esperando que las obras que de verdad pueden salvar vidas dejen de ser promesas y empiecen a ser una realidad. El propio presidente de la CHJ, Miguel Polo, ha reconocido que el proyecto prioritario -la vía verde que ha de desviar caudales desde el Poyo hasta Paiporta- exige actuar "de abajo a arriba", una manera elegante de admitir que el trabajo más urgente ni siquiera ha comenzado.