Begoña Gómez a la desesperada: pide su absolución y niega haber cometido 'delito alguno'

Begoña Gómez, esposa del presidente del Gobierno, ha remitido este lunes su escrito de defensa en el que solicita una absolución, al entender que las actuaciones que se le atribuyen en la investigación dirigida por el juez Juan Carlos Peinado no encajan en ningún ilícito penal.

Su representación legal, encabezada por el exministro socialista Antonio Camacho, sostiene que no concurren ni los elementos objetivos ni los subjetivos necesarios para que los hechos puedan ser considerados delito dentro de los tipos penales planteados por las acusaciones. Además, acusa a estas de actuar con mala fe y temeridad, por lo que reclama también que se les impongan las costas del procedimiento.

En ese mismo escrito de conclusiones, según EFE, la defensa subraya que la relación de Begoña Gómez con la Universidad Complutense se remonta a 2012, una etapa en la que su marido aún no ejercía ningún cargo público de relevancia.

Su defensa afirma que su labor en el ámbito académico se llevó a cabo en paralelo a su trayectoria profesional en la empresa Inmark. Añade que, en 2018, coincidiendo con la llegada de su esposo a la Presidencia del Gobierno, decidió solicitar una excedencia en dicha compañía con el fin de prevenir cualquier posible conflicto de intereses derivado de la responsabilidad institucional de este.

Con posterioridad, fue designada directora de la Cátedra Extraordinaria de Transformación Social Competitiva, un nombramiento que se acordó tras una reunión celebrada a finales de julio de 2020 en el Palacio de la Moncloa, residencia familiar. Según su versión, el ejercicio de estas funciones no implicaba la percepción de ninguna remuneración.

Por otro lado, su defensa rechaza cualquier acusación de apropiación indebida vinculada a la cátedra, señalando que incluso su denominación fue concebida por ella misma. El abogado sostiene que se trata de un término original, inexistente previamente y que no figuraba en ningún registro oficial de la universidad.

Asimismo, la defensa recalca que ni ella ni el resto de los implicados obtuvieron beneficio alguno de los recursos económicos destinados al desarrollo del software asociado a su actividad académica, y añade que no se produjo perjuicio patrimonial para la Universidad Complutense de Madrid.