Ayuso planta cara a Sánchez y lleva al Constitucional el reparto de MENAS

El Gobierno de Isabel Díaz Ayuso impugnará el Real Decreto que impone el reparto de menores inmigrantes no acompañados en las autonomías. La Comunidad de Madrid considera que el decreto vulnera la Constitución e invade competencias autonómicas exclusivas en materia de asistencia social.

Miguel Ángel García Martín, portavoz del Gobierno regional, denuncia que se están violando los derechos de los menores al "desplazarlos por cuotas". El Ejecutivo madrileño insiste en que la normativa ha sido impuesta sin consenso y responde a pactos con partidos independentistas, generando desigualdad.

Desde la Real Casa de Correos se denuncia que el decreto atenta contra la autonomía financiera de las regiones al carecer de una memoria económica. El Gobierno regional también señala que el uso del Real Decreto es inapropiado y que debió emplearse una ley orgánica para regular esta materia.

Según fuentes de la Comunidad, la norma sienta un peligroso precedente, ya que Madrid debería decidir sobre su propia política de protección de menores. El Gobierno de Ayuso también denuncia que este sistema de reparto ignora la situación de saturación de los centros de acogida madrileños.

Actualmente, la Comunidad de Madrid ya está al límite de su capacidad para atender a los menores extranjeros no acompañados llegados a su territorio.  El Ejecutivo autonómico ha reiterado en varias ocasiones que la solución no pasa por "repartir el problema", sino por frenar la inmigración ilegal.

Desde el Gobierno madrileño instan a Pedro Sánchez a coordinarse con la Unión Europea para evitar que "nuestras fronteras sean un coladero". El recurso ante el Tribunal Constitucional argumenta que el Real Decreto desvirtúa la distribución de competencias establecida en la Constitución.

Según Ayuso, el Ejecutivo central está imponiendo decisiones unilaterales a las comunidades sin contar con su opinión ni valorar sus recursos. El decreto establece que las autonomías con mayor renta per cápita deben asumir un número mayor de menores extranjeros no acompañados.

Para el Gobierno regional, este criterio es arbitrario y castiga a las comunidades que han gestionado mejor sus finanzas públicas en los últimos años. El conflicto entre la Comunidad de Madrid y el Ejecutivo de Sánchez vuelve a evidenciar la falta de diálogo y consenso en la gestión migratoria.

Ayuso ha acusado al Gobierno central de desentenderse del problema y traspasar la responsabilidad a las autonomías sin ofrecer soluciones reales. En los últimos años, Madrid ha exigido más control en las fronteras y una política migratoria que garantice la integración y el bienestar de los menores.

Fuentes del Gobierno autonómico advierten que el recurso al Constitucional es solo una de las medidas que podrían adoptar contra esta imposición.  Ayuso mantiene que el Gobierno central busca contentar a sus socios nacionalistas, sacrificando la autonomía y la seguridad jurídica de las regiones.