Fue sentenciada en marzo de 2023 a una pena de cuatro años y medio de cárcel
Laura Borràs se encuentra en el ojo del huracán. Esta vez, debido a la última decisión de la Fiscalía de posicionarse a favor de la expresidenta del Parlament. Así lo confirma The Objective.
Más concretamente, según el medio, el organismo ha remitido un informe al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC). En él, avala la suspensión de su entrada en prisión hasta que el Gobierno tome una decisión sobre su solicitud de indulto.
Recordemos que fue sentenciada en marzo de 2023 a una pena de cuatro años y medio de cárcel. Además, una multa de 36.000 euros por fraccionar contratos en la Institució de les Lletres Catalanes (ILC) y otorgarlos de manera irregular, según el diario.
En un escrito enviado al TSJC, la Fiscalía ha informado que no se opondrá a la solicitud de Laura Borràs para que se suspenda su pena de prisión. Esto con el fin de evitar posibles perjuicios si su petición de indulto es resuelta de manera favorable.
El Ministerio Público señala que la Sala, en el séptimo punto de la sentencia, ya había sugerido al Gobierno la posibilidad de conceder un indulto parcial a la expresidenta de Junts. Sin embargo, aclara que esta medida de gracia solo afectaría a la pena de prisión, por lo que Borràs seguirá enfrentando la inhabilitación de 13 años y la multa correspondiente.
Isabel Díaz Ayuso ha denunciado la intención del Gobierno de "multiplicar fiscalías de sala para colocar a afines" y así imponer su "rodillo". La presidenta madrileña criticó que Pedro Sánchez intenta duplicar competencias en la Fiscalía Anticorrupción.
Asegura que el Ejecutivo ha incrementado el número de fiscalías de sala para controlar el Ministerio Fiscal. Según Ayuso, este movimiento es parte de la estrategia del Gobierno para controlar la justicia. La presidenta alertó de que Sánchez sigue con su "demolición del Estado de derecho" y urgió a frenarlo.
La Asociación de Fiscales (AF) también ha cuestionado las recientes maniobras del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. La AF calificó de "inconcebible" que García Ortiz nombre al fiscal de sala coordinador de delitos contra la Administración Pública.
Esta figura será clave para fijar criterios en la Fiscalía sobre delitos como revelación de secretos. Coincidentemente, García Ortiz está siendo investigado en el Tribunal Supremo por este mismo delito. La AF considera inaceptable que el fiscal general designe a la persona encargada de decidir sobre su propio caso.
