Europa Press Asociaciones de jueces y fiscales critican la reforma del PSOE
Las asociaciones judiciales temen que esta medida limite la libertad de expresión de los jueces y comprometa su independencia
Las asociaciones de jueces y fiscales han criticado la proposición de ley del PSOE que limita la acción popular en procesos judiciales.
María Jesús del Barco, presidenta de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), señala que la reforma busca la impunidad en casos específicos.
Del Barco advierte que la propuesta podría ser inconstitucional y vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 24.
Sergio Oliva, portavoz de la Asociación Judicial Francisco de Vitoria (AJFV), considera que la reforma carece de vocación de generalidad y afecta procesos en curso.
Oliva destaca que la disposición transitoria única podría influir en personas involucradas en procedimientos ya iniciados.
El fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz (i), y el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños | Europa Press
Edmundo Rodríguez, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia (JJpD). Califica de error incluir la regulación de la acción popular en esta proposición de ley.
Rodríguez considera desacertado excluir a partidos políticos de la acusación popular y limitar su participación en la fase de instrucción.
Fernando Portillo, presidente del Foro Judicial Independiente (FJI), señala que la reforma es una mala decisión contraria al espíritu de la Constitución.
Portillo advierte que la propuesta podría afectar casos de corrupción que han sido revelados gracias a la acción popular.
La proposición de ley también prevé modificar la Ley Orgánica del Poder Judicial para incluir una nueva causa de abstención y recusación de magistrados.
Esta modificación afectaría a jueces que hayan realizado manifestaciones públicas sobre partidos políticos, sindicatos o autoridades.
Las asociaciones judiciales temen que esta medida limite la libertad de expresión de los jueces y comprometa su independencia.
La acción popular ha sido una herramienta clave en la lucha contra la corrupción y en la defensa de los derechos fundamentales en España.
Limitar su ejercicio podría reducir la capacidad de la sociedad civil para participar en la administración de justicia.
La aplicación retroactiva de la reforma podría afectar procedimientos judiciales en curso, generando inseguridad jurídica.
La exclusión de partidos políticos y asociaciones de la acción popular podría interpretarse como un intento de limitar la fiscalización al poder.
La independencia judicial es un pilar fundamental del Estado de Derecho y debe ser protegida frente a injerencias políticas.
Las reformas legales deben ser fruto de un amplio consenso y no responder a intereses particulares o coyunturales.
La participación ciudadana en la justicia fortalece la democracia y la transparencia en las instituciones.
Las asociaciones de jueces y fiscales continuarán vigilantes ante cualquier iniciativa que pueda comprometer la independencia judicial.
El debate sobre la reforma de la acción popular debe incluir a todos los actores implicados en el sistema de justicia.
La transparencia en el proceso legislativo es clave para mantener la confianza de la ciudadanía en las instituciones.
La acción popular ha permitido destapar casos de corrupción que, de otro modo, podrían haber quedado impunes.
Limitarla podría enviar un mensaje equivocado sobre el compromiso con la lucha contra la corrupción.
Más noticias: