Así será la regularización masiva de inmigrantes ilegales impulsada por Sánchez
porRafael Alejandro Escalona
politica
El Gobierno establece un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes
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El nuevo decreto impulsado por el Gobierno de Pedro Sánchez plantea una reforma profunda del sistema de regularización de personas migrantes en situación irregular en España, con un modelo más ágil y flexible que los anteriores procedimientos administrativos.
El texto elimina uno de los requisitos más restrictivos de las regularizaciones previas, la obligación de contar con un contrato de trabajo previo, que en la práctica dejaba fuera a una parte importante de los solicitantes. Con este cambio, el Ejecutivo pretende ampliar el alcance del proceso y facilitar la incorporación laboral de quienes acrediten su permanencia en el país.
Para acceder a la regularización, bastará con demostrar la estancia en España mediante distintos documentos, como el empadronamiento, citas médicas, contratos de alquiler o justificantes de transporte. Una vez presentada la solicitud y admitida a trámite, el solicitante podrá comenzar a trabajar de forma provisional casi de inmediato, sin esperar la resolución final del expediente.
El Gobierno establece un plazo máximo de tres meses para resolver las solicitudes, con el objetivo de evitar retrasos y reducir el colapso administrativo que se ha producido en procesos anteriores. No obstante, el permiso de trabajo se activará desde el momento en que el expediente sea aceptado a trámite, lo que supone un cambio relevante en la gestión de este tipo de procedimientos.
Desde el Ejecutivo se defiende que esta medida responde tanto a criterios sociales como económicos, en un contexto en el que España afronta un envejecimiento poblacional progresivo y una falta de mano de obra en sectores clave de la economía. Entre ellos se encuentran la hostelería, la agricultura y los servicios de cuidados, que acumulan una alta demanda de trabajadores.
En este sentido, el Gobierno sostiene que la regularización pretende dar respuesta a una necesidad estructural del mercado laboral, combinando la integración social con el refuerzo de la actividad productiva. La medida se presenta como una herramienta para reducir la economía sumergida y facilitar la contratación legal.
