Así se encuentra Venezuela un año después del golpe de Maduro
La noche del martes 8 de agosto, unas sesenta mujeres se reunieron en la plaza frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.
porJuan Manuel Pulido
politica
Colectivos armados atacan a madres de presos políticos mientras el régimen mantiene el control absoluto
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La noche del martes 8 de agosto, unas sesenta mujeres se reunieron en la plaza frente al Tribunal Supremo de Justicia, en Caracas.
Encendieron velas, corearon consignas y algunas rezaron en silencio. Su exigencia era clara: libertad para centenares de presos políticos detenidos un año atrás en una ola represiva aún activa.
Las pancartas decían «Nuestros hijos no son terroristas». La protesta estaba organizada por el grupo “Madres en Defensa de la Verdad” y la ONG Surgentes. Denunciaban el retardo procesal que mantiene a personas encarceladas durante años sin juicio.
Testigos relataron que, de forma repentina, un grupo de hombres armados y encapuchados llegó en motocicletas y atacó a las manifestantes.
Golpes, patadas y gritos dispersaron a las mujeres, que intentaban proteger a dos niñas y a una madre con un bebé. Los agresores se llevaron teléfonos, documentos y destrozaron el pequeño campamento instalado para la vigilia.
Martha Lía Grajales, activista de Surgentes, aseguró que las trataron como delincuentes y les arrebataron hasta la dignidad. Afirmó que no se rendirán.
Colectivos y fuerzas estatales
Las víctimas señalan a miembros de los “Colectivos”, grupos parapoliciales afines al Partido Socialista Unido de Venezuela.
Estos operan para dispersar protestas antes de la llegada de fuerzas oficiales. En Venezuela, el monopolio de las armas y el control militar hacen difícil pensar que actúen sin aprobación gubernamental.
En Caracas es habitual la presencia de agentes encapuchados de la Dirección de Contrainteligencia Militar o del Sebin.
Junto a fuerzas especiales de la Policía Nacional, realizan detenciones en calles y allanamientos. Las mujeres agredidas acudieron a la policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, pero no fueron atendidas.
Junto a fuerzas especiales de la Policía Nacional, realizan detenciones en calles y allanamientos. Las mujeres agredidas acudieron a la policía, la Fiscalía y la Defensoría del Pueblo, pero no fueron atendidas.
Tres días después, una concentración frente a la sede de la ONU en Caracas mostró solidaridad con las madres agredidas. Al finalizar, Grajales fue detenida en plena calle y su paradero es desconocido.
Silencio político y miedo social
Para el chavismo, la represión tiene bajo costo político. La oposición real está reducida a redes sociales y muchos ciudadanos evitan protestar por temor. Las agresiones envían un mensaje claro: no hay seguridad para quienes reclaman justicia.
Mientras esto ocurría, Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Venezuela, se reunía en La Haya con el Fiscal Adjunto de la Corte Penal Internacional.
Allí defendió la actuación “responsable” de los cuerpos de seguridad y denunció las sanciones internacionales contra el país.
Venezuela está bajo investigación de la CPI por crímenes de lesa humanidad. Hay denuncias documentadas de torturas, asesinatos extrajudiciales, desapariciones y persecución política. Rodríguez afirmó que no se han cometido delitos y prometió cooperación bajo jurisdicción nacional.
Sin embargo, organizaciones denuncian que el sistema judicial está subordinado al poder político. Ninguna víctima ha logrado una sentencia favorable contra el Estado.
Muchos detenidos cumplen un año en prisión sin audiencia inicial. Según el Foro Penal, hasta el 4 de agosto había 807 presos políticos. De ellos, 44 están desaparecidos y 83 poseen doble nacionalidad.
Según la acusación, Maduro habría participado durante casi dos décadas en una conspiración con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) para enviar toneladas de cocaína y armamento a diversos países.
Entre los casos está el del cooperante italiano Alberto Trentini, visto por última vez en noviembre de 2024 y presumiblemente en la cárcel.
También los españoles José María Basoa y Andrés Martínez Adasme, arrestados en septiembre de 2024.
Diplomáticos en Caracas denuncian que no pueden ofrecer asistencia consular a los detenidos. No hay acceso a visitas ni información sobre acusaciones formales.
Elecciones sin competencia real
La represión coincide con un escenario electoral controlado por el chavismo. Las elecciones recientes de gobernadores, alcaldes y concejales se celebraron con la oposición tradicional fuera de juego. Los partidos habilitados fueron aquellos dispuestos a acatar las reglas del oficialismo.
Los líderes opositores que compitieron en las presidenciales de 2024 están presos, exiliados o inactivos políticamente.
El chavismo se prepara para cuatro años sin elecciones nacionales, mientras consolida el Estado Comunal.
En este modelo, alcaldes y gobernadores rinden cuentas a concejos comunales dominados por militantes del Partido Socialista. El control territorial y político se centraliza aún más en manos de Nicolás Maduro.
