Ha sido la defensa de la mujer del presidente quien ha pedido suspender esa comparecencia ante el juez
La defensa de Begoña Gómez, esposa del presidente Pedro Sánchez, ha movido ficha para evitar su cita judicial del próximo 11 de septiembre. Su abogado, Antonio Camacho, ha pedido suspender la declaración y posponerla para otra fecha.
De hecho, ya lo intentó el pasado pidiendo que se suspenda su citación del pasado 18 de noviembre. La excusa: por encontrarse de viaje en Brasil junto a Pedro Sánchez en la cumbre del G-20.
La comparecencia estaba fijada en el Juzgado de Instrucción número 41 de Madrid. El magistrado Juan Carlos Peinado la citó como investigada por cinco delitos, entre ellos malversación.
Sin embargo, su defensa argumenta que ese mismo día el letrado ya tiene señaladas declaraciones en un juzgado de Arona, en Tenerife. Según Camacho, esas diligencias se fijaron antes y deben tener prioridad.
El movimiento se interpreta como un intento de ganar tiempo. La situación judicial de Gómez se ha complicado en las últimas semanas. El 18 de agosto, el juez Peinado dictó un auto en el que le imputó un nuevo delito de malversación.
Se suma a los de tráfico de influencias, corrupción entre particulares, intrusismo y apropiación indebida.
El caso afecta también a su asesora en La Moncloa, Cristina Álvarez. Según el instructor, pudo haber trabajado para la cátedra de Gómez en la Universidad Complutense. Todo cuando en realidad estaba contratada por la Secretaría General de Presidencia para otros fines.
Esa circunstancia refuerza las sospechas sobre un posible uso indebido de recursos públicos.
La defensa insiste en que no hay irregularidades. Pero la estrategia procesal parece clara: retrasar lo máximo posible la declaración de la esposa del presidente. La petición de aplazamiento está sobre la mesa y ahora será el juez quien decida si acepta o mantiene la fecha inicial.
El caso ha provocado un enorme revuelo político. La oposición considera que el Gobierno está bajo una sombra de sospecha por las actividades de Gómez. Reclaman explicaciones inmediatas y critican la falta de transparencia.
Desde Moncloa, en cambio, se guarda silencio. El Ejecutivo evita pronunciarse sobre la causa judicial y la presenta como un asunto estrictamente personal.
Aun así, el impacto es inevitable. La investigación avanza en paralelo a un clima político cada vez más crispado.
El próximo 11 de septiembre será clave. Si el juez rechaza la petición de la defensa, Gómez tendrá que sentarse ante él y responder por las acusaciones. De lo contrario, la declaración se pospondrá y el proceso se alargará.
En cualquier caso, la situación judicial de la esposa del presidente ya está marcada. El abanico de delitos que se le imputan es amplio y la presión mediática es enorme.
Begoña Gómez trata de ganar tiempo. Pero la causa sigue su curso y el juez Peinado mantiene la investigación abierta.
La pregunta es cuándo y cómo tendrá que dar explicaciones. La maniobra de su defensa no borra el escenario: tarde o temprano, la esposa de Sánchez deberá declarar ante la Justicia.
