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Mujer rubia sentada frente a un micrófono con fondo rosado y un círculo que muestra a varios agentes de la Guardia Civil de espaldas
POLÍTICA

Así planificó la fontanera del PSOE la campaña de desprestigio contra la UCO

Nuevas revelaciones apuntan a movimientos del PSOE para frenar el caso Aldama

A finales del año pasado, se desató una campaña contra la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil. El objetivo era claro: minimizar el impacto de la declaración de Víctor de Aldama, empresario clave en investigaciones sobre corrupción. Supuestamente, esta ofensiva buscaba desacreditar el trabajo de la UCO, conocida por sus investigaciones en casos de alto perfil.

La campaña se intensificó tras la declaración de Aldama, quien aportó nuevos indicios sobre posibles irregularidades en adjudicaciones públicas desde 2019. Leire Díez, una figura relevante en este contexto, habría ofrecido ayuda a al menos cinco empresarios.

Según Vozpópuli, el PSOE habría contado con la colaboración de Leticia de la Hoz en una serie de gestiones orientadas a minimizar el impacto del conocido como  "caso Aldama". Entre las acciones atribuidas a la abogada se encuentra una reunión con Carmen Pano, la empresaria que afirmó haber entregado 90.000 euros en la sede socialista de Ferraz.

Mujer rubia con cabello rizado y vestido rojo al aire libre, con dos recuadros circulares mostrando fotos de ella con otras personas y un cartel del PSOE.

Según el digital, el encuentro, que se produjo tras la detención de Pano por la UCO en diciembre, tenía como objetivo que modificara su testimonio. No obstante, la creciente exposición pública de De la Hoz habría frustrado esa vía de actuación.

Tras ese revés, el foco se desplazó hacia Leire Díez, quien habría iniciado contactos con varios empresarios del sector de los hidrocarburos. Las fuentes consultadas indican que, más allá del encuentro revelado por El Confidencial —que también difundió el audio correspondiente—, Díez habría mantenido otras reuniones similares.

Presuntamente, Díez habría ofrecido su colaboración a al menos cuatro empresarios, solicitando a cambio información comprometedora sobre miembros de la Unidad Central Operativa. Entre los nombres señalados como objetivos de estas indagaciones figuran Antonio Balas, responsable del Departamento de Delincuencia Económica de la UCO, y el ex capitán Juan Vicente Bonilla.

Una mujer rubia con cabello lacio y expresión seria lleva un collar con un colgante de libélula y está frente a un fondo blanco con logotipos.

La ayuda de la fontanera del PSOE era a cambio de información comprometedora sobre la UCO. Estas acciones pretendían debilitar la credibilidad de la unidad, que ha sido fundamental en destapar tramas de corrupción. Y de esta manera, conseguir limpiar la imagen del Partido Socialista salpicada por numerosos escándalos de corrupción.

La UCO seguirá adelante con las investigaciones

La UCO, reconocida por su profesionalismo, ha enfrentado críticas desde sectores cercanos al Gobierno. Algunos medios y usuarios en redes sociales han denunciado una "guerra sucia" contra la unidad. 

Esta situación ha generado un fuerte rechazo en la Guardia Civil. Voces internas han calificado los ataques como “deleznables”.

Aarón Rivero, representante de Jupol, defendió el trabajo de la UCO, destacando su rol como policía judicial. Según él, estas campañas no lograrán frenar las investigaciones en curso.

Por otro lado, el Gobierno ha sido señalado por mantener acusaciones sin fundamento contra la UCO. Un ejemplo es el supuesto caso de la “bomba lapa”, que se desmoronó sin rectificaciones oficiales. Figuras como María Jesús Montero, Pilar Alegría y Óscar López han sido criticadas por no desmentir estas afirmaciones.

La controversia sigue creciendo. La UCO planea revisar los documentos aportados por Aldama en un informe que se espera para enero. Mientras tanto, la presión contra la unidad no cede, alimentando el debate sobre la independencia de las instituciones.

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