Europapress Así es la ley del Gobierno que favorecerá la inmigración descontrolada en España
Se regularizarán a casi un millón de extranjeros en tres años, generando gran controversia social y política
La nueva Ley de Extranjería ha entrado en vigor este martes, supone un antes y un después en las políticas migratorias en España.
A partir de ahora, obtener la nacionalidad española será más fácil, rápido y barato. El Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones ha reconocido que su objetivo es regularizar a 300.000 inmigrantes al año. En total, casi un millón en tres años.
La medida ha generado un intenso debate político y social. Para el Ejecutivo, es una necesidad económica y humanitaria.
Para la oposición, se trata de una “amnistía encubierta” con consecuencias irreversibles para la cohesión social y el sistema público.
Menos requisitos, más velocidad
La ley introduce cambios importantes. El más relevante es la rebaja en el tiempo mínimo de residencia necesario para solicitar la nacionalidad.
Pasa de tres a dos años bajo la figura del “arraigo social”. Además, se incorpora una nueva figura: el “arraigo de segunda oportunidad”.
Permitirá recuperar la situación legal a quienes perdieron la residencia por no renovarla a tiempo. No podrán acogerse quienes tengan antecedentes penales.
También se han agilizado los trámites administrativos. Para evitar el colapso, el Gobierno ha creado 750 nuevos puestos de trabajo en las oficinas de extranjería.
También se han agilizado los trámites administrativos. Para evitar el colapso, el Gobierno ha creado 750 nuevos puestos de trabajo en las oficinas de extranjería. | Europapress
Las solicitudes se tramitarán con mayor rapidez. La intención es clara: absorber de forma legal a buena parte de los más de nueve millones de extranjeros que actualmente residen en España.
Otra modificación relevante afecta a la reagrupación familiar. Ahora se podrá traer a la pareja aunque no exista matrimonio, con solo acreditar convivencia.
Además, se eleva la edad para reagrupar hijos hasta los 26 años. Las víctimas de violencia de género, trata o agresiones sexuales tendrán también facilidades para reagrupar a sus familiares.
Regularización exprés e impacto social
A esta reforma se suma la futura aprobación de una Iniciativa Legislativa Popular (ILP) impulsada por partidos socios del Gobierno. Esta iniciativa busca regularizar la situación de hasta 500.000 inmigrantes.
Bastará con demostrar un año de residencia en España y carecer de antecedentes penales o de una orden de expulsión. No se exigirá contrato laboral previo. Se les concederá un permiso de residencia y trabajo por un año.
El argumento del Ejecutivo es que España necesita inmigrantes. Aseguran que se pierden 17.000 millones de euros anuales por la discriminación laboral y educativa de esta población. Según sus cálculos, harán falta 250.000 migrantes al año para sostener el estado del bienestar.
Sin embargo, los datos revelan una realidad más compleja. En los últimos cuatro años han llegado 2,5 millones de extranjeros.
Aunque tres millones cotizan a la Seguridad Social, no todos aportan lo mismo. El 70% de los venezolanos trabajan legalmente, pero solo lo hace el 40% de los marroquíes.
Además, regiones como Cataluña acusan un incremento notable en los índices de criminalidad asociados a ciertos grupos migratorios. La convivencia, aseguran algunos sectores, comienza a resentirse. Aun así, el Gobierno insiste en que el problema no es la inmigración, sino la exclusión.
España tiene ya casi 9,5 millones de residentes nacidos fuera del país. Las tres comunidades con más inmigrantes son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana. | Europapress
Un cambio demográfico imparable
España tiene ya casi 9,5 millones de residentes nacidos fuera del país. Las tres comunidades con más inmigrantes son Cataluña, Madrid y la Comunidad Valenciana.
Las proyecciones del INE indican que a partir de 2035, en algunas provincias, los nacidos en el extranjero serán mayoría. En 2045, esta tendencia se extendería a toda España.
Las causas son varias: baja natalidad, envejecimiento de la población autóctona y una política migratoria cada vez más laxa. Si la dinámica continúa, provincias como Alicante o Gerona serán las primeras en experimentar esta sustitución demográfica. Córdoba, Cádiz y Badajoz lo harán en las décadas siguientes.
El debate está servido. Mientras unos ven una oportunidad para revitalizar el país, otros advierten de un cambio cultural profundo, con consecuencias difíciles de revertir.
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