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Furgón de la Policía Nacional en la calle con un círculo rojo que contiene la imagen de una mujer hablando.
POLÍTICA

Así fue el brutal despliegue policial por la visita de Begoña Gómez al juzgado

El despliegue incluyó también un helicóptero, barreras metálicas que mantenían a la prensa a 50 metros de distancia

Madrid fue testigo de un despliegue policial sin precedentes debido a la declaración de Begoña Gómez, ante el juez Juan Carlos Peinado. La comparecencia de Gómez, investigada por presuntos delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. Se llevó a cabo en los Juzgados de Plaza de Castilla, un evento que acaparó la atención de medios y ciudadanos por igual.

Desde tempranas horas de la mañana, la zona de los juzgados amaneció con un impresionante operativo de seguridad. A las 8:00 horas, 16 furgones de la  Policía Nacional ya ocupaban el Paseo de la Castellana.  Además de Bravo Murillo y los alrededores de las Torres Kío.

Esta cifra aumentó a 30 furgonetas una hora más tarde. Además, se desplegaron decenas de agentes de Seguridad Ciudadana para vigilar la zona. 

Un vehículo de la Policía Nacional de España estacionado en una calle, con varios agentes y periodistas alrededor.

El despliegue  incluyó también un helicóptero, barreras metálicas que mantenían a la prensa a 50 metros de distancia de la entrada de los juzgados. Un control riguroso que impedía a los periodistas acercarse a la puerta del edificio. Gómez, por su parte, ingresó al juzgado a través del garaje para evitar el contacto directo con manifestantes y medios de comunicación.

El operativo no pasó desapercibido y generó diversas reacciones. Por un lado, la asociación  Hazte Oír había convocado una manifestación frente a los juzgados, la cual no fue autorizada por la Delegación del Gobierno. Sin embargo, algunos participantes lograron protestar en la plaza, aunque fueron mantenidos a 100 metros de los juzgados por la policía.

Por otro lado, la magnitud del despliegue fue objeto de críticas, comparándose con la falta de recursos en otras áreas, como la seguridad fronteriza. Voces críticas argumentaron que el dispositivo para proteger a Gómez contrastaba con la gestión de otras cuestiones de seguridad nacional.

Implicaciones de la Investigación

Begoña Gómez está siendo investigada por su presunta implicación en delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios. La investigación se centra en sus vínculos con el empresario Juan Carlos Barrabés y los contratos que este recibió, supuestamente facilitados por recomendaciones de Gómez. La Fiscalía Europea también está involucrada, investigando las adjudicaciones de Red.es a la empresa de Barrabés.

El juez Peinado ha insistido en que la investigación abarca "todos los actos, conductas y comportamientos"  de Gómez desde que su esposo asumió la presidencia del Gobierno. La defensa de Gómez, encabezada por el exministro Antonio Camacho. Ha presentado varios recursos cuestionando la base de la investigación, argumentando que muchos de los hechos ya están siendo investigados por la Fiscalía Europea.

El Papel de la Acusación Popular

La causa también cuenta con la participación de la acusación popular, representada por Vox y otras organizaciones como Hazte Oír y Manos Limpias. Estas entidades han presentado diversas querellas contra Gómez, acusándola de utilizar su posición para beneficiar a empresarios cercanos y vinculándola a contratos y acuerdos cuestionables con empresas como Globalia y Telefónica.

En particular, Vox ha centrado su querella en un software desarrollado por Gómez en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid.  Alegando que utilizó recursos públicos para su beneficio personal y profesional.

Hazte Oír, por su parte, ha destacado la mejora significativa en la facturación de empresas vinculadas a Gómez. Desde que Pedro Sánchez asumió la presidencia del Gobierno.

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