Fue una de los siete directivos que, según el interventor, recibieron pagos indebidos en la gestión de Montero
El pasado miércoles, el diario ABC publicaba que María Jesús Montero se autoindultó en un caso de "menoscabo de dinero público"siendo consejera andaluza de Hacienda.
En 2016, María Jesús Montero, entonces consejera andaluza de Hacienda y hoy ministra, recibió un informe del interventor general de la Junta de Andalucía. El documento alertaba del riesgo de "menoscabo de fondos públicos" debido al pago de sobresueldos indebidos.
Concretamente a directivos de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud (FPS) en su etapa al frente de la Consejería de Salud. Esta se remonta desde 2004 a 2013.
Hasta 33 empleados de esta fundación, dedicada a la investigación biomédica y dependiente de su departamento, evitaron los recortes salariales aplicados al resto de funcionarios de la Junta. Este ajuste, aprobado el 24 de julio de 2012 por el Gobierno de José Antonio Griñán (PSOE), no se aplicó a estos trabajadores.
Según el informe emitido el 2 de febrero de 2016, eximir a este personal del recorte vulneraba varias normas. La decisión afectaba directamente a Montero, que como consejera de Salud presidía el patronato de la fundación. A pesar del mandato del Ejecutivo, se mantuvieron las retribuciones de los altos cargos.
Entre los beneficiados estaba Verónica Juan-Quilis, esposa del exministro Bernat Soria. Fue una de los siete directivos que, según el interventor, recibieron pagos indebidos en la gestión de Montero. Desde 2005, trabajaba en la fundación como directora de la Biblioteca Virtual del Sistema Sanitario Público de Andalucía.
Mientras tanto, su marido dirigía un departamento en el Centro Andaluz de Biología Molecular y Medicina Regenerativa (Cabimer), vinculado a la misma fundación.
Montero, actual secretaria general del PSOE andaluz, incorporó a Soria con un salario inusual para la Administración autonómica: 170.438,51 euros brutos anuales. Aunque menor, el sueldo de su esposa también era elevado.
En plena crisis, "Verónica Juan-Quilis percibió durante el ejercicio 2012 un total de 70.149,22 euros brutos anuales. Importe superior al fijado para la persona titular de la Presidencia de la Junta de Andalucía (63.808,24 euros)", advirtió el interventor.
El informe fue enviado a Montero, quien ocupó la Consejería de Hacienda desde 2013 hasta su nombramiento como ministra en 2018. La advertencia sobre un posible daño a las arcas públicas provocó una investigación interna.
Seis meses después, el 22 de julio de 2016, la consejera cerró el caso sin abrir expediente contra los responsables. No obstante, la instructora de las pesquisas señaló que desobedecer la orden del Gobierno andaluz suponía una "negligencia grave", según una resolución publicada por ABC.
Verónica Juan-Quilis fue contratada para dirigir la Biblioteca Virtual del Sistema Público de Andalucía. Un servicio creado por la fundación en el año 2006.
Todo para "dar un servicio unificado e integral a los profesionales sanitarios y usuarios de servicios públicos. Con objeto de obtener los mejores resultados en la práctica clínica, docencia e investigación", según detalla su portal oficial.
Coincide que entró a trabajar en este puesto en septiembre de 2005, según recogió en su perfil en la red LinkedIn. Tan sólo un mes después de que su marido firmara el primero de los dos contratos con la misma entidad.
El matrimonio se incorporó a la fundación presidida por Montero sin someterse a ningún proceso selectivo.
La Cámara de Cuentas de Andalucía, que fiscalizó la gestión de la Fundación Progreso y Salud durante el ejercicio de 2010. Advirtió de que no hay ninguna constancia de que los contratos de Bernat Soria y su esposa. Al menos, no hay constancia de que se realizaran mediante una convocatoria pública y garantizando los principios de igualdad.
