El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, ha puesto en marcha una ambiciosa ofensiva para reformar la Ley Orgánica del Régimen Electoral General (LOREG). Esto, con el objetivo de introducir cambios que, según fuentes cercanas al Ejecutivo, podrían consolidar la ventaja electoral del PSOE en futuros comicios.
Esta iniciativa, que ha generado un intenso debate político, incluye propuestas como rebajar la edad de voto a los 16 años. Asimismo, hacer obligatorios los debates electorales en la televisión pública y exigir la publicación de microdatos de las encuestas electorales. Todo ello, según informó Vozpópuli.
El Ministerio de Juventud e Infancia ha confirmado al medio citado antes que Moncloa trabaja activamente en la reducción de la edad mínima para votar. Una medida que, según analistas, podría beneficiar a los partidos progresistas. Esto, dado el perfil ideológico de los votantes más jóvenes.
Pedro Sánchez busca desesperadamente acabar con las palomas
Sin embargo, el ala socialista del Gobierno ha intentado restar urgencia a esta propuesta, subrayando que se trata de un proceso en fase inicial. Además, el Consejo de Ministros aprobó recientemente un anteproyecto de ley orgánica que obligaría a los medios a transparentar los datos brutos de los sondeos y garantizaría debates electorales en RTVE. Reforzando así la visibilidad de los candidatos en campaña.
Otro aspecto clave de la reforma es la posible sustitución de la fórmula D’Hondt, utilizada actualmente para asignar escaños, por métodos como Sainte-Laguë o Hare, considerados más proporcionales. También se contempla ampliar el número de escaños en el Congreso de 350 a 400, el máximo permitido por la Constitución. Lo que podría equilibrar la representación de las circunscripciones más pequeñas y beneficiar a formaciones con fuerte implantación territorial.
Estas modificaciones no requieren cambios constitucionales. Por lo que Sánchez solo necesitaría el respaldo de la mayoría simple del Congreso (176 escaños). Algo factible con el apoyo de sus socios de investidura.
La oposición ha reaccionado con dureza. El PP y Vox han acusado al Gobierno de intentar “manipular” el sistema electoral para perpetuarse en el poder, comparando la estrategia con tácticas de regímenes autoritarios. Por su parte, fuentes del Ejecutivo defienden que las reformas buscan modernizar y democratizar el sistema, aunque admiten que el cálculo político está presente, especialmente en un contexto de creciente polarización.
La tramitación de la reforma, que incluye consultas al Consejo de Estado, promete ser uno de los debates más candentes de la legislatura.
