La amenaza del Gobierno a las comunidades autónomas que incumplan la acogida de menas

El Gobierno obliga a comunidades a recibir menores extranjeros no acompañados pese a saturación. Cataluña y País Vasco quedan excluidos del reparto, pero otras regiones denuncian desbordamiento.

Centros de acogida al límite alertan que no hay espacio ni recursos para asumir más menas. Andalucía, Madrid y Valencia son algunas de las comunidades que prevén recurrir a los tribunales.

El ministro Félix Bolaños advirtió que incumplir la ley tendrá consecuencias legales inmediatas. Bolaños aseguró que los criterios de traslado son objetivos, pero las autonomías cuestionan su validez. Triplicar la ratio de 32,6 menores por cada 100.000 habitantes activa la derivación a otras regiones.

Los gobiernos autonómicos denuncian que la presión inmigratoria ya supera su capacidad de acogida.  Canarias, Ceuta, Melilla, Andalucía y Baleares concentran la mayor saturación de recursos.

El decreto que entra en vigor fija la capacidad de acogida por comunidad y obliga a la solidaridad. En un año se derivarán 3.000 menores desde zonas saturadas a otras comunidades menos tensionadas. A partir de septiembre, los menas que lleguen a territorios saturados serán trasladados en 15 días.

El Gobierno asegura que se tomarán criterios de renta, desempleo, dispersión y esfuerzo previo. También se consideran la insularidad y la cercanía fronteriza para determinar los destinos.

Datos de julio muestran que Andalucía debe recibir 677 menores, Madrid 647 y Comunidad Valenciana 571. Castilla-La Mancha contará con 320, Galicia 317 y Aragón 251, según los cálculos oficiales. La Rioja 205, Castilla y León 197, Extremadura 159 y Cantabria 156 son otras regiones afectadas. Asturias 144, Murcia 133, Navarra 188 y Baleares 49 completan la lista de menores por acoger.

Las comunidades critican que el Gobierno ignora la saturación real de sus centros y servicios.  Varios gobiernos autonómicos ya preparan recursos judiciales para frenar la obligación legal.

Se advierte que los tribunales podrían paralizar derivaciones si se demuestra incapacidad de acogida.

El Ejecutivo insiste en que la medida es legal, pero las autonomías denuncian sobrecarga administrativa. El reparto de menas vuelve a tensar la relación entre Estado y comunidades desbordadas por inmigración. El Gobierno se enfrenta a un desafío: garantizar la acogida sin colapsar territorios ya saturados.

Las autonomías reclaman apoyo real y recursos antes de asumir más menores en sus centros.