Alerta en la judicatura por la aplicación de la ley Bolaños

La entrada en vigor de la última fase de la ley de eficiencia judicial ha encendido las alarmas entre jueces de toda España. La reforma, prevista para el 1 de enero, culmina la implantación de los tribunales de instancia en todo el territorio.

Magistrados y asociaciones advierten de que el cambio se afronta sin medios suficientes ni una planificación efectiva. El sistema judicial arrastra un atasco histórico que, según los togados, puede agravarse con esta reorganización. Durante meses, los jueces han pedido al Ministerio de Justicia que retrase la aplicación de esta fase clave.

Las advertencias proceden tanto de asociaciones profesionales como de decanos de juzgados de distintas provincias. Hasta 55 decanos y la Audiencia Nacional han solicitado formalmente aplazar la reforma para evitar disfunciones.

Juezas y Jueces para la Democracia ha denunciado que no se han adaptado reglamentos básicos del CGPJ. La asociación señala que siguen sin modificarse normas esenciales para el funcionamiento de los nuevos tribunales.

Entre ellas, destacan las relacionadas con el sistema de guardias y la atención a personas privadas de libertad. También alertan de la falta de definición en el reparto del trabajo entre unidades judiciales. La coordinación entre jueces y oficinas judiciales es otro de los puntos que permanece sin desarrollar.

Las críticas incluyen la ausencia de cambios en la dación de cuenta y en los mecanismos de control interno. Tampoco se ha reformado el reglamento sobre la designación de presidencias en los tribunales de instancia.

Las asociaciones reclaman que las funciones de estas presidencias queden claramente delimitadas.

El objetivo, señalan, es evitar arbitrariedades y garantizar transparencia en la nueva estructura judicial.

Los sindicatos de Justicia también han mostrado su rechazo a la forma en que se está aplicando la reforma. CSIF denuncia que la implantación de la nueva oficina judicial se está realizando con excesiva premura. El sindicato advierte de que esta falta de preparación tendrá consecuencias directas para los ciudadanos.

Los profesionales temen retrasos, desorganización y un aumento de la carga de trabajo en los juzgados.

A pesar de las críticas, el Ministerio de Justicia mantiene el calendario previsto para enero. La ley de eficiencia afronta así su fase final en un clima de creciente preocupación en la carrera judicial.