Agresiones a funcionarios de prisiones suben un 126% durante el Gobierno de Sánchez

Las agresiones a funcionarios de prisiones en España se han disparado un 126% desde que Pedro Sánchez gobierna. En 2018 se registraron 223 ataques, mientras que en 2024 el último dato oficial alcanza los 504 incidentes.

Según publicó VozPopuli, el Ministerio del Interior explica que el 97% de los casos tienen carácter leve o no causan lesiones a las víctimas. Interior justifica el aumento a partir de 2022 por incluir empujones, lanzamientos de líquidos u objetos y escupitajos. Los datos fueron facilitados tras preguntas parlamentarias de Ana Vázquez y Fernando De Rosa, diputados del PP.

Los parlamentarios denunciaron la “escalada exponencial” de agresiones a los trabajadores penitenciarios en España.

Tras conocer los datos, la portavoz del PP criticó el “buenismo penitenciario” de Fernando Grande-Marlaska. El PP asegura que el ministro favorece excarcelaciones y bloquea la reforma que reconoce a los funcionarios como autoridad.

Los trabajadores de prisiones denuncian que la violencia en las cárceles españolas se ha disparado en los últimos años. Entre 2021 y 2024, las agresiones a estos funcionarios aumentaron un 215%, pasando de 160 a 504 ataques registrados.  El repunte más significativo se produjo a partir de 2022, cuando los incidentes se dispararon hasta 453 casos.

En 2020 y 2021, durante la pandemia, las agresiones habían descendido a 176 y 160, respectivamente, según Interior.

Las cifras muestran que los años previos al Gobierno de Sánchez tenían niveles más bajos y relativamente estables. El Ministerio resalta que muchas agresiones son leves, pero reconoce la preocupación de los trabajadores penitenciarios.

La portavoz del PP insiste en que estas cifras evidencian la necesidad de medidas más duras y protección a los funcionarios. Además, critican la falta de reconocimiento de los trabajadores penitenciarios como agentes de la autoridad. Los sindicatos del sector denuncian que la seguridad en las cárceles es insuficiente y que las agresiones afectan su labor diaria.

Entre las agresiones se incluyen golpes, empujones, amenazas y ataques con objetos improvisados dentro de los centros. El aumento de la violencia coincide con la falta de reformas legislativas y protocolos más estrictos en el ámbito penitenciario. Interior insiste en que se refuerzan medidas preventivas y de control para proteger a los funcionarios y mantener la seguridad.

Sin embargo, los datos reflejan que la situación sigue siendo crítica y que los ataques a los trabajadores no cesan.

El incremento de agresiones genera alarma entre los profesionales, que reclaman más recursos, vigilancia y respaldo institucional. La cuestión se ha convertido en un tema de debate parlamentario y social, poniendo sobre la mesa la gestión del Gobierno.