La investigación sobre la presunta trama de influencias en torno al rescate de Tubos Reunidos sigue estrechando el cerco sobre el entorno socialista. Un nuevo informe de la Fiscalía Anticorrupción, incorporado al conocido como “caso Leire” que instruye la Audiencia Nacional, sostiene que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tenía conocimiento directo de las gestiones realizadas para favorecer a la compañía vasca mediante ayudas públicas concedidas por la SEPI.
La clave de este nuevo avance judicial reside en una agenda intervenida en la sede socialista de la calle Ferraz. Según el Ministerio Público, en esas anotaciones manuscritas aparecían referencias concretas a Tubos Reunidos y a la autorización relacionada con el aplazamiento de parte de la deuda que la empresa mantenía con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
La documentación forma parte de las diligencias impulsadas tras el informe número 188/25 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya advertía de la existencia de un supuesto entramado dedicado a ejercer influencia política y administrativa para beneficiar a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones económicas.
La Fiscalía recuerda que Tubos Reunidos solicitó en enero de 2021 una ayuda pública de 115 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Meses después, el Consejo Gestor aprobó el rescate y el Consejo de Ministros autorizó oficialmente la operación.
Sin embargo, los investigadores sospechan que detrás de aquella aprobación hubo movimientos políticos y presiones internas destinadas a facilitar el desbloqueo de las ayudas. En ese contexto aparece el denominado grupo “HIRUROK”, integrado presuntamente por Leire Díez —conocida mediáticamente como la “fontanera” del PSOE—, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
