La Fiscalía recuerda que Tubos Reunidos solicitó en enero de 2021 una ayuda pública de 115 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas, gestionado por la SEPI
La investigación sobre la presunta trama de influencias en torno al rescate de Tubos Reunidos sigue estrechando el cerco sobre el entorno socialista. Un nuevo informe de la Fiscalía Anticorrupción, incorporado al conocido como “caso Leire” que instruye la Audiencia Nacional, sostiene que el ex secretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán, tenía conocimiento directo de las gestiones realizadas para favorecer a la compañía vasca mediante ayudas públicas concedidas por la SEPI.
La clave de este nuevo avance judicial reside en una agenda intervenida en la sede socialista de la calle Ferraz. Según el Ministerio Público, en esas anotaciones manuscritas aparecían referencias concretas a Tubos Reunidos y a la autorización relacionada con el aplazamiento de parte de la deuda que la empresa mantenía con la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).
Cerdán y su reveladora agenda encontrada en Ferraz por la UCO
La documentación forma parte de las diligencias impulsadas tras el informe número 188/25 de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil, que ya advertía de la existencia de un supuesto entramado dedicado a ejercer influencia política y administrativa para beneficiar a determinadas empresas a cambio de contraprestaciones económicas.
La Fiscalía recuerda que Tubos Reunidos solicitó en enero de 2021 una ayuda pública de 115 millones de euros con cargo al Fondo de Apoyo a la Solvencia de Empresas Estratégicas (FASEE), gestionado por la SEPI. Meses después, el Consejo Gestor aprobó el rescate y el Consejo de Ministros autorizó oficialmente la operación.
Sin embargo, los investigadores sospechan que detrás de aquella aprobación hubo movimientos políticos y presiones internas destinadas a facilitar el desbloqueo de las ayudas. En ese contexto aparece el denominado grupo “HIRUROK”, integrado presuntamente por Leire Díez —conocida mediáticamente como la “fontanera” del PSOE—, el expresidente de la SEPI Vicente Fernández y el empresario Antxon Alonso.
De acuerdo con el informe, este grupo habría utilizado su capacidad de influencia en organismos públicos para favorecer tanto la concesión inicial del rescate como posteriores modificaciones financieras favorables para Tubos Reunidos. Entre ellas, el aplazamiento de amortizaciones y medidas que permitieran a la compañía ganar liquidez en un momento crítico de su situación económica.
La Fiscalía sostiene además que Leire Díez y Vicente Fernández habrían realizado diversas gestiones políticas y administrativas para conseguir esos beneficios, llegando incluso a percibir retribuciones que alcanzarían, al menos, los 40.000 euros.
La aparición del nombre de Santos Cerdán en la agenda encontrada en Ferraz introduce ahora un nuevo elemento de enorme relevancia política y judicial. Los investigadores consideran que esas referencias apuntan a que el ex número tres del PSOE conocía las maniobras vinculadas al rescate y las posteriores negociaciones relacionadas con la deuda de la empresa.
Este nuevo episodio vuelve a situar al PSOE bajo presión en plena acumulación de causas judiciales y polémicas relacionadas con presuntas redes de influencia, contratos públicos y actuaciones internas del partido. El caso Leire, que inicialmente parecía centrado en operaciones concretas dentro de la órbita socialista, amenaza ahora con extenderse hacia dirigentes de mayor peso político.
Mientras tanto, la Audiencia Nacional continúa analizando el abundante material intervenido por la UCO en registros y dispositivos electrónicos. La investigación trata de determinar si existió una estructura organizada destinada a influir en decisiones estratégicas de organismos públicos para beneficiar a empresas concretas mediante contactos políticos y mediaciones presuntamente irregulares.
