La investigación del denominado caso Leire continúa ampliándose. El juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz ha acordado la imputación de otras 25 personas al considerar que existen «indicios de criminalidad», entre ellas la presidenta de la Sociedad Española de Participaciones Industriales (SEPI), Belén Gualda, que ocupa el cargo desde marzo de 2021.
La resolución judicial, a la que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también incluye al expresidente de Enusa José Vicente Berlanga y a la exconsejera de Medio Ambiente de Castilla-La Mancha Rosario Arévalo. Todos ellos serán llamados a declarar en las próximas semanas dentro de la causa que analiza posibles irregularidades en la contratación pública.
El foco de la investigación se sitúa en la supuesta existencia de una red que habría operado entre 2021 y 2023
El foco de la investigación se sitúa en la supuesta existencia de una red que habría operado entre 2021 y 2023 aprovechando su influencia en la SEPI. Según las pesquisas, Leire Díez, el expresidente del holding público Vicente Fernández y Joseba Antxon Alonso —a quien los investigadores vinculan con Santos Cerdán por su relación empresarial en Servinabar— habrían intervenido para favorecer adjudicaciones de contratos y procesos de rescate de empresas.
La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil sostiene que este grupo participó en al menos cinco operaciones cuyo importe conjunto asciende a 132,9 millones de euros. Los investigadores calculan que la presunta intermediación habría generado unos beneficios cercanos a los 750.000 euros gracias a la capacidad de influencia y a la red de contactos de sus integrantes. Los tres principales investigados fueron arrestados el pasado mes de diciembre.
Pedraz también atribuye un papel relevante al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán
En su resolución, Pedraz también atribuye un papel relevante al exsecretario de Organización del PSOE, Santos Cerdán. El magistrado considera acreditada una relación previa con Leire Díez y sostiene que ambos formaban parte del entramado investigado con el objetivo de influir en procedimientos administrativos para obtener un rendimiento económico. Aunque Cerdán no pertenecía formalmente al grupo conocido como Hirurok («nosotros tres», en euskera), el juez cree que ocupaba una posición de superior jerarquía desde la que se beneficiaba de la actividad desarrollada por sus miembros.
