La Agencia de Prevención y Lucha contra el Fraude y la Corrupción de la Comunitat Valenciana ha decidido archivar la investigación sobre las presuntas irregularidades en la oposición para auxiliares administrativos de la Diputación de Alicante, argumentando que la repetición de la prueba hace que la denuncia "pierda razón de ser".
Esta decisión ha causado sorpresa y críticas entre diversos sectores, ya que la investigación se basaba en sietes denuncias que apuntaban a posibles fallos en el proceso selectivo del pasado 8 de febrero. A pesar de ello, la Agencia ha considerado que la decisión de la Diputación de repetir el examen subsana cualquier irregularidad, dejando sin efecto el expediente abierto.
En su resolución, la Agencia Antifraude destaca que "los hechos expuestos en las alertas han desaparecido", lo que justifica el cierre del caso. Sin embargo, también recomienda a la Diputación la aprobación de un manual de instrucciones y buenas prácticas para garantizar la transparencia y correcto desarrollo de futuros procesos selectivos.
La resolución llega el mismo día en que se ha constituido la Comisión de Investigación en la Diputación de Alicante, impulsada por los grupos políticos de la corporación provincial para esclarecer posibles responsabilidades en las presuntas irregularidades detectadas. Este órgano, presidido por la diputada del Grupo Socialista, Pilar Díaz, ha establecido un calendario de trabajo para las próximas semanas.
Desde la oposición se ha mostrado escepticismo ante la decisión de la Agencia Antifraude, considerando que el archivo de la investigación no aclara del todo las dudas sobre la gestión del proceso. Además, se insiste en la necesidad de que la Comisión de Investigación llegue hasta el fondo del asunto para evitar futuras situaciones similares.
Este episodio reaviva el debate sobre la transparencia y la imparcialidad en la selección de personal en la administración pública, un aspecto clave para la confianza de los ciudadanos en las instituciones. Mientras la Diputación defiende su actuación y acata la decisión de la Agencia Antifraude, las críticas y la vigilancia política seguirán marcando el desarrollo de esta controversia.
