Los mensajes de WhatsApp del jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, han destapado la aterradora verdad: durante la catástrofe del 29 de octubre
Los mensajes de WhatsApp del jefe de Climatología de AEMET en la Comunidad Valenciana, José Ángel Núñez, han destapado la aterradora verdad: durante la catástrofe del 29 de octubre, cuando el barranco del Poyo se desbordó y dejó 224 muertos en la provincia de Valencia, AEMET nunca alertó al Centro de Coordinación de Emergencias (Cecopi) sobre el peligro inminente. La agencia estatal, que debía ser el pilar de la información meteorológica y de emergencias, se centró únicamente en la situación de la presa de Forata y el río Magro, dejando completamente de lado el barranco que, según la Generalitat, nunca fue mencionado en las reuniones de crisis.
Estos mensajes, enviados por el propio jefe de AEMET, evidencian la negligencia de la agencia y la falta de coordinación con la Confederación Hidrográfica del Júcar (CHJ), encargada de monitorear el caudal del barranco. La CHJ no mencionó en ningún momento el riesgo de desbordamiento, y AEMET, conociendo la gravedad de la situación, no alertó a las autoridades locales, ni a la población. Los whatsapps dejan claro que el Cecopi, guiado por los datos de AEMET y la CHJ, no pudo actuar a tiempo para evitar una tragedia de tales dimensiones.
El Gobierno de Pedro Sánchez, representado por figuras como la delegada Pilar Bernabé y el secretario Hugo Morán, queda igualmente expuesto. La falta de comunicación y la omisión de información vital sobre el barranco del Poyo agravan aún más la responsabilidad de las autoridades nacionales en este desastre. El resultado: más de 200 vidas perdidas, una tragedia que, con una alerta adecuada, podría haberse evitado.
La inacción y el desinterés de AEMET en esta crisis reflejan una grave incompetencia en la gestión de emergencias que no puede quedar impune. La falta de previsión y de acción ante un desastre anunciado es una responsabilidad que debe ser asumida por las instituciones encargadas de proteger a la ciudadanía.
