Uno de los indicadores más llamativos es el de las agresiones, que acumulan 1.777 expedientes en apenas tres meses
Los datos del servicio de emergencias de Ceuta dibujan un escenario de fuerte deterioro de la seguridad ciudadana en los meses posteriores a la invasión. Los allanamientos de viviendas se han multiplicado, los ataques con armas blancas superan ampliamente los registros anteriores y los avisos por robos violentos se han disparado. El balance del 112, correspondiente al periodo comprendido entre el 30 de julio y el 29 de octubre de 2026, refleja incrementos de hasta el 2.808,6% en algunas categorías respecto al mismo intervalo del año anterior.
Uno de los indicadores más llamativos es el de las agresiones, que acumulan 1.777 expedientes en apenas tres meses. En 2025, durante esas mismas fechas, se habían contabilizado muchos menos casos, lo que sitúa el incremento en el 750%. El informe del servicio de emergencias, al que ha tenido acceso THE OBJECTIVE, también refleja un crecimiento generalizado de las intervenciones: los expedientes que requirieron movilizar recursos pasaron de 2.233 a 11.286, mientras que las llamadas de ciudadanos aumentaron de 3.097 a 14.991. En términos porcentuales, las subidas alcanzan el 405% y el 384%, respectivamente.
La evolución de los ataques con armas resulta especialmente significativa. Las agresiones con arma blanca pasaron de 23 a 268, mientras que los incidentes relacionados con armas de fuego crecieron de ocho a 56. En el primer caso, el aumento supera el 1.000%.
El documento también incorpora datos sobre violencia sexual. Los servicios de emergencias recibieron 38 avisos y tramitaron 30 expedientes por agresiones o abusos sexuales en curso, frente a los cuatro expedientes registrados en 2025. Cuando los incidentes afectaban a menores, se contabilizaron otros 14 expedientes y 26 llamadas. Un año antes no figuraba ningún registro en ninguno de estos dos apartados.
Esta estadística vuelve a poner sobre la mesa la diferencia entre los datos del 112 y los difundidos por el Ministerio de Sanidad. El estudio epidemiológico de la ciudad autónoma, fechado el 27 de octubre, recogía únicamente dos notificaciones por agresión sexual atendidas en las urgencias hospitalarias desde el 29 de julio. También incluía siete casos de violencia física y uno por intoxicación relacionada con el consumo de drogas, alcohol u otras sustancias. THE OBJECTIVE ya había informado en exclusiva sobre estas cifras.
La ocupación ilegal de viviendas constituye otro de los fenómenos que más han crecido. El 112 recibió 1.290 llamadas relacionadas con allanamientos de morada, frente a las 55 del año precedente. En cuanto a las incidencias que requirieron intervención, se pasó de 35 a 1.018 expedientes. Ninguna otra categoría del informe presenta un incremento porcentual tan elevado.
Se multiplican los robos y los avisos por menores desprotegidos
La preocupación por la seguridad también encuentra reflejo en los datos sobre delincuencia patrimonial. Los robos con violencia o intimidación en espacios públicos generaron 115 expedientes, cuando en 2025 apenas se habían registrado 11. También aumentaron los asaltos en el interior de vehículos, con 71 casos frente a los 14 del ejercicio anterior.
A estos incidentes se añaden 39 expedientes por sustracción de vehículos, ocho más que en el periodo comparado, y 15 robos con fuerza en establecimientos, frente a los dos contabilizados en 2025.
El informe recoge además un importante aumento de las alertas relacionadas con menores en situación de desprotección o abandono. El número de llamadas por estos motivos pasó de 16 a 377, mientras que las intervenciones operativas del servicio de emergencias crecieron de 15 a 265.
La conflictividad en las calles aparece igualmente en las estadísticas. Los avisos por alteraciones del orden público se elevaron hasta los 618 expedientes, frente a los 85 del año anterior. La tenencia de armas también registró un fuerte repunte, con 205 actuaciones frente a las 33 precedentes.
Por último, el 112 contabilizó 136 expedientes por actos vandálicos, más del doble que en 2025, y 180 incidentes por amenazas y coacciones de ejecución inmediata, frente a los 88 anteriores. Los delitos contra la salud pública y los casos relacionados con el consumo de drogas completan el balance, con 253 expedientes frente a los 77 del mismo periodo del ejercicio anterior.
