La Abogacía del Estado ha decidido asumir la defensa de Francisco Martín Aguirre, delegado del Gobierno en Madrid. Esto, en el caso Begoña Gómez, un asunto que pone en entredicho la gestión del Gobierno. Martín, imputado por presunta malversación de caudales públicos, deberá declarar este miércoles 14 de mayo ante el juez Juan Carlos Peinado.
La investigación apunta a su responsabilidad como superior de Cristina Álvarez. Una asesora de Moncloa que habría utilizado su cargo para realizar gestiones privadas a favor de Begoña Gómez, esposa del presidente.
El caso, iniciado por una denuncia de Manos Limpias y respaldado por querellas de Vox y Hazte Oír, destapa posibles irregularidades en el entorno de Sánchez.
El delegado del Gobierno está contra las cuerdas
El juez Peinado sospecha que el nombramiento de Álvarez, contratada en 2018 como personal eventual en Presidencia, tuvo como objetivo asistir a Begoña Gómez en actividades personales. Lo que implicaría un desvío de fondos públicos. Martín, que fue secretario general de la Presidencia entre 2021 y 2023, habría supervisado a Álvarez durante ese periodo, según la investigación.
La decisión de la Abogacía del Estado de defender a Martín ha levantado críticas desde la oposición. Voces de la derecha, especialmente de Vox, consideran que esta maniobra busca blindar a figuras cercanas al Gobierno socialista.
La Fiscalía, alineada con el Ejecutivo, ha recurrido la imputación de Martín, argumentando que no hay pruebas sólidas y señalando errores en la cronología del juez. Sin embargo, desde la oposición se insiste en que el caso revela un patrón de opacidad y favoritismo en Moncloa.
El escándalo no solo salpica a Martín. Otros implicados, como el rector de la Complutense, Joaquín Goyache, y el empresario Juan Carlos Barrabés, también están bajo la lupa.
Líderes de la oposición han acusado a Sánchez de permitir un uso indebido de recursos públicos para beneficiar a su entorno. Mientras la Audiencia Provincial de Madrid decide si mantiene la imputación de Martín, el caso sigue alimentando la indignación de quienes demandan transparencia y rigor.
La resolución judicial será clave. Si se confirman las sospechas, el Gobierno de Sánchez podría enfrentar un duro golpe político. La ciudadanía merece claridad sobre el uso de sus impuestos y el alcance de las influencias en el poder.
