Nuevo golpe judicial para José Luis Ábalos y Koldo García. El Tribunal Supremo ha rechazado los incidentes de nulidad presentados por el exministro socialista y su antiguo asesor contra las condenas del caso mascarillas. Pero la resolución incorpora otro revés para ambos: tendrán que asumir las costas procesales de sus respectivas impugnaciones.
La Sala de lo Penal mantiene intactas las penas de 24 años y tres meses de prisión para Ábalos y 19 años y ocho meses para Koldo García. Ambos fueron condenados por delitos relacionados con organización criminal, cohecho, tráfico de influencias y malversación de fondos públicos.
El Supremo desmonta la estrategia judicial de Ábalos y Koldo
La resolución, conocida este miércoles 14 de octubre, deja una conclusión especialmente significativa. El desacuerdo con una condena no permite utilizar un incidente de nulidad para volver a discutir cuestiones que ya fueron examinadas durante el juicio.
El Supremo asesta otro golpe a Ábalos y Koldo: confirma sus condenas de cárcel y les obliga a pagar las costas judiciales
Precisamente, esa fue una de las principales advertencias de la Fiscalía Anticorrupción, que solicitó desestimar las impugnaciones al considerar que reproducían argumentos previamente resueltos.
Las defensas cuestionaron distintas garantías procesales, incluida la competencia del Supremo para juzgar a Ábalos después de abandonar su escaño en el Congreso.
Sin embargo, los magistrados han descartado las vulneraciones de derechos fundamentales alegadas.
El Constitucional, la última esperanza de ambos condenados
El pronunciamiento también mantiene las conclusiones judiciales sobre la trama de adjudicaciones de mascarillas durante la pandemia y el papel desempeñado por el empresario Víctor de Aldama.
La decisión supone el agotamiento de esta vía ante el Tribunal Supremo, aunque todavía permite a Ábalos y Koldo acudir en amparo al Tribunal Constitucional.
De esta manera, el antiguo ministro de Pedro Sánchez y quien fuera su hombre de confianza afrontan una nueva etapa judicial con sus condenas intactas y una obligación económica añadida: pagar las costas de un intento de nulidad que no ha prosperado.
