
En 2025 los presos de ETA alcanzan su mayor nivel de beneficios penitenciarios con más terceros grados y flexibilizaciones
Según los datos de la Asociación de Víctimas del Terrorismo ninguno permanece ya en primer grado
La situación penitenciaria de los presos de ETA ha cambiado de forma sustancial en los últimos años. Según datos facilitados por fuentes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT), el número total de reclusos vinculados a la banda ha descendido. Pero la progresión de grado y su concentración en cárceles del País Vasco y Navarra ha generado una profunda inquietud entre las víctimas.
En 2025, el total de presos de ETA se sitúa en 125. De ellos, ninguno permanece ya en primer grado —el régimen más restrictivo—. Mientras que 58 están clasificados en segundo grado, 54 han accedido al tercer grado y 12 se benefician del artículo 100.2 del Reglamento Penitenciario. Una fórmula de flexibilización individualizada similar a la concedida recientemente a Txeroki. Además, uno permanece sin clasificar.

Del total, 121 internos se encuentran en centros del País Vasco. El reparto territorial es el siguiente: 41 en Álava, 11 en Guipúzcoa y 2 en Bilbao en segundo grado; en tercer grado hay 9 en Álava, 28 en Guipúzcoa y 17 en Bilbao.
A ellos se suman 4 presos en segundo grado en Navarra. Según las mismas fuentes, 21 de los reclusos están en libertad condicional.
Comparativa con 2019: un cambio radical
La comparativa con 2019 refleja un giro evidente en la política penitenciaria. Entonces había 222 presos de ETA en cárceles españolas. De ellos, 166 estaban en primer grado, 56 en segundo grado, 8 sin clasificar y ninguno había accedido al tercer grado.
Seis años después, la cifra total se ha reducido prácticamente a la mitad, pero el dato que más controversia genera es la desaparición total del primer grado y el incremento significativo de terceros grados y beneficios como el artículo 100.2. Para la AVT, esta evolución no es solo estadística, sino política.
El malestar por el tercer grado de Txeroki y Goñi
El reciente tercer grado concedido a Txeroki y a Goñi ha sido la gota que ha colmado el vaso para muchas víctimas. Consideran que estas decisiones suponen un agravio moral y una cesión injustificada, especialmente en casos de condenados por delitos de extrema gravedad.

Las víctimas denuncian que la progresiva flexibilización penitenciaria se está llevando a cabo sin un relato claro de arrepentimiento o colaboración efectiva con la Justicia por parte de algunos internos. A su juicio, el mensaje que se traslada es el de una normalización acelerada que no siempre tiene en cuenta el dolor causado.
Un debate que sigue abierto
El debate sobre la política penitenciaria hacia los presos de ETA sigue siendo uno de los más sensibles del panorama político español. Las cifras muestran una reducción en el número de reclusos, pero también una evidente progresión hacia regímenes más abiertos y su concentración en el entorno del País Vasco.
Para las víctimas, más allá de los datos, la cuestión central es la memoria, la justicia y la dignidad. Y mientras continúan las concesiones de grado, el malestar no deja de crecer entre quienes aún reclaman que el cumplimiento íntegro de las condenas sea el principio rector de cualquier decisión penitenciaria.
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