España no se cae: la están dejando caer. No es una fatalidad, no es el clima, no es la mala suerte. Es decisión política, es ideología, es negligencia criminal. En los últimos años, las infraestructuras básicas del país —carreteras, ferrocarriles, red eléctrica, gestión del agua, protección civil, sistema energético— se están viniendo abajo mientras el Gobierno presume de propaganda, de dogmas climáticos y de una supuesta superioridad moral que no salva vidas, pero sí cuesta muchas.
El principal problema de España hoy no es el cambio climático: es el Gobierno. Un Ejecutivo que se ha convertido en el principal enemigo de los ciudadanos, un obstáculo permanente para su seguridad, su prosperidad y su dignidad.
Un Estado ideológico que ha abandonado lo esencial
El Gobierno de Pedro Sánchez ha decidido que su prioridad no es mantener un país operativo, sino financiar relatos ideológicos, agendas globalistas y experimentos sociales. Para eso sí hay dinero. Para eso nunca faltan fondos.
Hay millones para “chochocharlas”, para observatorios ideológicos, para activistas subvencionados, para asociaciones de ingeniería social. Pero no hay dinero —o no hay voluntad— para mantener carreteras, modernizar infraestructuras ferroviarias, reforzar la red eléctrica, limpiar cauces, invertir en prevención ni proteger a la población.
El Estado se ha convertido en un aparato propagandístico, no en un garante de seguridad. Y cuando el Estado abandona sus funciones básicas, la factura se paga en vidas.
Cuando la incompetencia mata
Los hechos son tozudos, aunque el Gobierno intente ocultarlos con consignas.
Hemos visto el apagón, consecuencia directa de políticas energéticas temerarias, ideologizadas, que desmantelan lo que funciona sin tener alternativa real.
Hemos visto Filomena, donde el país quedó paralizado por una falta absoluta de previsión.
Hemos visto la gota fría en Valencia, con ciudadanos abandonados a su suerte mientras los burócratas miraban al cielo para echarle la culpa al clima.
Hemos visto la pandemia, utilizada como laboratorio de control social mientras se ocultaban datos, se improvisaban compras y se enriquecían los amigos del poder.
Hemos visto el volcán de La Palma, con promesas incumplidas, ayudas que nunca llegaron y familias aún esperando.
En ninguno de estos episodios el Gobierno estuvo a la altura. Nunca. Siempre tarde, siempre mal, siempre más preocupado por el relato que por la realidad.
No fue el clima quien falló. Falló el Estado. O peor aún: el Estado decidió no estar.
Infraestructuras que se degradan, relato que se vende
España tiene infraestructuras cada vez más frágiles porque no se mantiene lo que no luce en propaganda. El mantenimiento no da titulares. La prevención no genera fotos. La gestión responsable no sirve para campañas electorales.
En cambio, sí sirve entregar millones a países que no son aliados, como Marruecos, mientras aquí se abandonan carreteras, se degradan trenes, se pone en riesgo a miles de ciudadanos. El dinero de los españoles se regala fuera mientras dentro se desmonta el país.
Todo esto tiene un denominador común: la ideología por encima de la realidad. Un fanatismo climático que sirve de excusa para no gestionar incendios en verano, para no limpiar montes, para no actuar contra pirómanos. Luego vendrán las llamas, vendrá la tragedia, y volverán a decirnos que es culpa del cambio climático. Nunca de ellos.
Energía: destruir lo que funciona sin tener alternativa
