El Valle de los Caídos no es un edificio cualquiera. Es un monumento a la reconciliación, levantado para enterrar el odio fratricida y recordar —sin revancha— que España sufrió una guerra y que después quiso cerrar sus heridas. Precisamente por eso, hoy lo que se consuma no es una simple reforma administrativa ni una reinterpretación cultural: es una rendición moral.
La rúbrica que ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez avanzar en la llamada “resignificación” del Valle tiene un nombre propio dentro de la Iglesia: José Cobo Cano. Con su firma, la jerarquía eclesiástica ha aceptado caminar de la mano del PSOE, el mismo partido que hace noventa años desencadenó en España la persecución religiosa más brutal de nuestra historia contemporánea.
No hablamos de episodios aislados ni de exageraciones retóricas. Hablamos de casi 7.000 asesinados —sacerdotes, religiosos y seglares— por su fe, en una persecución sistemática que por número e intensidad supera incluso a las acometidas de la Roma pagana en determinados periodos. Y, sin embargo, hoy quienes deberían custodiar esa memoria firman acuerdos con quienes legitiman, blanquean o relativizan aquel terror.
El socio elegido: el Gobierno del resentimiento
El acuerdo que entrega el Valle al Ejecutivo tiene como interlocutor político al ministro Félix Bolaños, orgulloso masón y ejecutor dócil de la agenda ideológica del sanchismo. No es un detalle menor. Nada es inocente en este proceso: ni las palabras (“resignificar”), ni los tiempos, ni los aliados.
La “resignificación” no busca comprender la historia; busca reeducar al presente. Convertir un lugar sagrado en un espacio de reescritura ideológica, vaciarlo de sentido religioso y cargarlo de culpa política selectiva. Y para eso el Gobierno necesitaba algo esencial: la colaboración de la Iglesia. La ha encontrado.
Traición a los mártires y a los fieles
Quienes hoy estampan su firma en estos acuerdos traicionan a las víctimas del terror rojo, a los mártires beatificados y a los miles de españoles asesinados por odio a la fe. Traicionan también a los fieles que aún creen —con razón— que la Iglesia debe ser refugio de verdad, no oficina de consenso con el poder.
