El Valle de los Caídos no es un edificio cualquiera. Es un monumento a la reconciliación, levantado para enterrar el odio fratricida y recordar —sin revancha— que España sufrió una guerra y que después quiso cerrar sus heridas. Precisamente por eso, hoy lo que se consuma no es una simple reforma administrativa ni una reinterpretación cultural: es una rendición moral.
La rúbrica que ha permitido al Gobierno de Pedro Sánchez avanzar en la llamada “resignificación” del Valle tiene un nombre propio dentro de la Iglesia: José Cobo Cano. Con su firma, la jerarquía eclesiástica ha aceptado caminar de la mano del PSOE, el mismo partido que hace noventa años desencadenó en España la persecución religiosa más brutal de nuestra historia contemporánea.
No hablamos de episodios aislados ni de exageraciones retóricas. Hablamos de casi 7.000 asesinados —sacerdotes, religiosos y seglares— por su fe, en una persecución sistemática que por número e intensidad supera incluso a las acometidas de la Roma pagana en determinados periodos. Y, sin embargo, hoy quienes deberían custodiar esa memoria firman acuerdos con quienes legitiman, blanquean o relativizan aquel terror.
El socio elegido: el Gobierno del resentimiento
El acuerdo que entrega el Valle al Ejecutivo tiene como interlocutor político al ministro Félix Bolaños, orgulloso masón y ejecutor dócil de la agenda ideológica del sanchismo. No es un detalle menor. Nada es inocente en este proceso: ni las palabras (“resignificar”), ni los tiempos, ni los aliados.
La “resignificación” no busca comprender la historia; busca reeducar al presente. Convertir un lugar sagrado en un espacio de reescritura ideológica, vaciarlo de sentido religioso y cargarlo de culpa política selectiva. Y para eso el Gobierno necesitaba algo esencial: la colaboración de la Iglesia. La ha encontrado.
Traición a los mártires y a los fieles
Quienes hoy estampan su firma en estos acuerdos traicionan a las víctimas del terror rojo, a los mártires beatificados y a los miles de españoles asesinados por odio a la fe. Traicionan también a los fieles que aún creen —con razón— que la Iglesia debe ser refugio de verdad, no oficina de consenso con el poder.
Porque esto no es prudencia pastoral ni diálogo institucional. Es sumisión. Y lo es, además, ante un Gobierno que persigue símbolos, persigue la memoria incómoda y legisla contra la libertad religiosa y de pensamiento.
Silencios interesados y dudas que pesan
Resulta legítimo preguntarse por los silencios de una parte de la jerarquía. Cuando se pacta con un poder político que utiliza cualquier resorte para tapar escándalos propios, cabe preguntarse si ciertos acuerdos sirven también para minimizar daños, desviar focos o amortiguar críticas en otros frentes donde existen denuncias y sospechas públicas que exigen claridad. La transparencia no debilita a la Iglesia; la fortalece. El silencio, no.
El ejemplo olvidado del Evangelio
Hay pasajes del Evangelio que no admiten ambigüedad. Cuando Jesús expulsó a los mercaderes del templo, no pidió consenso; actuó. Hoy, muchos fieles sienten que quienes deberían defender el templo, la memoria y la verdad, han preferido firmar acuerdos y posar para la foto.
El Valle de los Caídos no necesita resignificación alguna. Necesita respeto. Necesita verdad. Necesita que se diga, sin miedo y sin complejos, que la reconciliación no se construye sobre la mentira ni sobre la humillación de las víctimas.
La Historia juzgará
La Historia es paciente, pero implacable. Juzgará a los gobiernos que persiguieron, manipularon y reescribieron. Y juzgará también a quienes, pudiendo resistir, eligieron colaborar. El Valle seguirá ahí, más allá de decretos, firmas y comisiones. La pregunta es: ¿en qué lado quiso estar cada cual cuando llegaron las tinieblas?
Porque hay pactos que no elevan, sino que condenan. Y firmas que no unen, sino que delatan.
Javier García Isac
